“Le pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que escuche la voz de todos los periodistas que una vez más estamos siendo vulnerados por este paquete de leyes que pretende acallar las voces de los sin voces. En este momento el Gobierno pretende silenciar la voz del pueblo que sale frustrado porque no hay garantías ni certidumbre. Hay avasallamientos, tortura, amedrentamiento y estigmatización al trabajo de los periodistas. Nos reciben con balas, como sucedió en Las Londras y eso no ha acabado”, denunció el periodista Milton Montero.

En la Catedral Metropolitana de Santa Cruz decenas de trabajadores de la prensa sostuvieron carteles que decían: “Sin libertad de expresión no hay democracia”. “No a la ley mordaza”. “Democracia sí, dictadura no”, entre otras frases. 

Un similar escenario se vivió en Potosí, Trinidad y en La Paz. Desde las 11:00 de ayer, grupos de periodistas ingresaron a la plaza Murillo en la sede de Gobierno, centro del aparato estatal, para protestar contra las propuestas que impulsa el Ejecutivo de lucha contra la discriminación, pero “criminalizando” a los medios de comunicación.

El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Raúl Peñaranda, explicó que el proyecto de ley 305, “de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, agrava las penas de la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, que también sugieren revisar por la libre interpretación que pueden dar los administradores de justicia al delito de discriminación.

“Obviamente, nadie está en contra de que se luche contra el racismo. Pero sí estamos en contra de que por el ejercicio de nuestro trabajo se nos dé pena de cárcel. En el proyecto 305 se le quita los motivos insertos en la Ley 045, por lo tanto, sería más fácil para un fiscal acusar y para un juez emitir una sanción contra un periodista porque ya no tendría que demostrar que la persona tenía un motivo para hacer ese supuesto delito al informar sobre racismo”, sostuvo el dirigente.

Agregó que, por ejemplo, al usar términos como “grupos de choque del MAS” o “avasalladores” puede ser considerado como discriminación si alguien se siente aludido y un juez podría darle la razón. 

Los periodistas exigen que se retire el artículo 281 del proyecto de ley 305 sobre “difusión e incitación al racismo o a la discriminación” ya que contempla una pena de 3 a 7 años de cárcel a la persona que por cualquier medio (redes sociales, medios digitales, medios tradicionales, panfletos, etc.) difunda ideas basadas en la superioridad racial, promueva y/o justifique el racismo discriminación, pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios, incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios.

El presidente del Estado, Luis Arce, aseguró el martes que el Gobierno nacional no tiene la intención de “dañar” la libertad de expresión en el país y pidió a los comunicadores asistir a la comisión que trata el proyecto de ley 305 para hacer las consultas necesarias antes de continuar con las movilizaciones. “Primero hay que sentarse a dialogar”, manifestó en una entrevista exclusiva con un medio privado.

Por su lado, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, adelantó que invitará a las asociaciones de periodistas a un encuentro para abordar “con toda la amplitud” la propuesta legislativa.

Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), consideró como “engañosa” la postura de las autoridades porque, primero, hablan de diálogo y luego los mandan al Legislativo donde aún la norma no ingresó en agenda.

“Mientras el ministro de Justicia y la viceministra de Comunicación anuncian que habrá apertura al diálogo, el presidente nos remite a la comisión de la Asamblea Legislativa y el presidente de Diputados dice que no está en agenda ese proyecto de ley. Es decir, se va mostrando incoherencia en la posición del Gobierno. Por eso, nos mantenemos en estado de alerta”, aseguró.

Luego de los reclamos, la diputada Magaly Gómez, del MAS, invitó a tres asociaciones de periodistas a una reunión programada para hoy, jueves, a las 15:00 en la que recibirán sugerencias. 

El Gobierno aún impulsa el proyecto de ley 280 que modifica seis delitos del Código Penal y la iniciativa 305 de cumplimiento de compromisos internacionales para los cuales decidió mejorar su campaña de divulgación. Sin embargo, decidió retirar el proyecto 304 de uso “indebido” de redes sociales.

“Tenía aceptación (nuestro proyecto), pero al mismo tiempo entendemos que genera polémica, ha sido motivo de especulación, tergiversación de la información, por eso es que nosotros, estratégicamente, para no empañar, para no dar argumentos a estos grupos reactivos que están permanentemente buscando la desestabilización, es que retiramos de forma objetiva y concreta nuestro proyecto”, dijo el diputado proyectista Juan José Huanca desde Tarija.

El 1 de marzo este legislador oficialista dijo que se regularía las redes sociales luego del conflicto por los denominados “guerreros digitales” del MAS y el uso de dinero del Estado para su manutención. El proyecto presentado intentaba sancionar las publicaciones en las distintas plataformas digitales y fue señalado por varios grupos y personalidades de atentar contra la libertad de expresión.

Esta semana, el Ejecutivo no solo enfrentó las protestas de los periodistas, sino la de los jubilados que buscan ser parte de la directiva de la Gestora Pública y de los maestros que el miércoles rompieron diálogo con el Ministerio de Educación porque consideran que no atienden sus demandas.

El magisterio anunció que continuará con las movilizaciones en todo el país y calificaron de “incompetente” al ministro Édgar Pary por lo que pidieron su renuncia luego de la represión que sufrieron en la sede de Gobierno.

“Que renuncie, que se vaya, que se vaya”, vociferaron los manifestantes en medio de su indignación por la gasificación que desmayó a una maestra chuquisaqueña.

El viceministro Bartolomé Puma dijo que mejoraron la propuesta del déficit histórico y plantearon una reunión en mayo para incrementar cerca de 4.000 horas a los maestros.

“Tenemos que entender que estamos en un proceso de recuperación económica del país y en 2020 recibimos un déficit histórico de 11,8%. Es complicado”, aseguró.