El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tiene el control total de las elecciones judiciales y sólo el Ejecutivo puede gestionar que las destrabe, señalaron analistas políticos.
Las elecciones judiciales se encuentran en fojas cero tras la resolución de un tribunal constitucional de Pando y la reunión fallida del vicepresidente David Choquehuanca con los jefes de bancada para encaminar las elecciones judiciales fracasó este jueves.
El analista político Carlos Alberto Goitia señaló que el TCP tiene el control de las elecciones judiciales porque recibió en consulta el fallo de una sala de Pando que deja paralizado el proceso.
A juicio de Goitia, se espera que se destrabe la suspensión del proceso porque “una acción popular no establece la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma ni replantea las exigencias constitucionales de cuotas o cupos para integrar las altas cortes en función a criterio de género o sexo, raza o representación territorial”.
El TCP debe anular la decisión de Pando y se debe reconducir el proceso; aunque lo califica de un proceso forzado que no llegará a buenos términos por la falta de legitimidad de las altas autoridades a cargos del Órgano Judicial y del TCP.
El analista Carlos Borth explicó que el Ejecutivo puede gestionar con el TCP el destrabe de los comicios. “No hay necesidad de ningún acuerdo entre los jefes de las bancadas de los partidos con presencia el Legislativo”, sostuvo.
Ambos ven una consigna del Ejecutivo en la inviabilidad de las judiciales, porque la solución pasa por un acuerdo entre el Gobierno y el TCP, que ahora tiene la llave del proceso.
Cuestionamiento a la ley de elecciones
Desde el ala arcista cuestionaron la Ley de Elecciones Judiciales porque no contempla la posibilidad de los candidatos a impugnar; por lo tanto, acuden a los tribunales constitucionales.
Además, cuestionaron que los plazos establecidos son muy cortos y, por lo tanto, el proceso se complicó.
Tampoco se enfocó adecuadamente el tema de paridad de género y la inclusión indígena.