El municipio beniano de Riberalta está en riesgo de tener desabastecimiento de combustible y gas licuado del petróleo (GLP) debido a los bloqueos que hay en la región, según informaron desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
A través de un comunicado, la petrolera estatal advirtió que si bien se cuenta con días de autonomía, desde la petrolera estatal señalan que se prioriza el despacho de combustible a las Fuerzas Armadas, la Policía y unidades de emergencia, aunque no precisaron el volumen de carburante con el que cuentan en la planta de este municipio.
Este lunes se cumple la tercera jornada de bloqueos por parte de familiares y miembros de cooperativa minera Asociación de Balseros (AsoBal), quienes rechazan la aprehensión de 57 personas que son acusada de trabajar en la extracción ilegal de oro en el río Madre de Dios.
“La estatal petrolera insta al diálogo a los sectores en conflicto para evitar perjuicios a la población”, reza el comunicado que fue emitido la tarde de este lunes, mientras se lleva adelante la audiencia de medidas cautelares para los 57 aprehendidos.
Actualmente, son cuatro los puntos de bloqueo que hay en la región y no se descarta radicalizar las medidas. El primero está en el puente que conecta a los departamentos de Cobija y Beni; el segundo está ubicado en el denominado Puerto de Hamburgo; y el tercero en el límite entre Riberalta y Guayaramerín.
El cuarto está en la comunidad Warnes, aunque en este no hay personas bloqueando, sino que optaron por colocar promontorios de tierra para cortar el tráfico.
En los seis surtidores de Riberalta no hay combustible, de acuerdo a la información recogida por UNITEL, tema que causa malestar entre los transportistas, principalmente los mototaxistas, quienes también bloquean las calles de la zona urbana exigiendo que se normalice la situación.
De momento, el bloqueo indefinido de AsoBal se mantiene y lo inmediato será tener una reunión con otros dirigentes a escala nacional para que estos tengan conocimiento de los hechos y determinar en conjunto las medidas a seguir, ya que afirman que la actividad minera que desarrollan no es ilegal.
Los 57 acusados de los presuntos delitos de explotación ilegal de minerales y tenencia, porte y portación Ilícita de armas, según la imputación formulada por la Fiscalía, desde donde señalaron que se solicitará que sean recluidas de manera preventiva en centros penitenciarios de Pando y Santa Cruz.
También se descarta que estas personas sean investigadas de manera grupal, sino que se analizará la situación caso por caso y el papel que tenían estas personas al ser halladas en flagrancia, según señaló el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
