Las víctimas de un caso de filtración de videos íntimos anunciaron que denunciarán ante el Consejo de la Magistratura al juez Roger Salvatierra, quien decidió no enviar a la cárcel al principal investigado y le otorgó detención domiciliaria.

La abogada Ángela Romani, representante de las víctimas, cuestionó que el juez no haya dictado ninguna medida de protección a favor de los afectados, pese a que al imputado se le halló un sistema cibernético presuntamente utilizado para acceder ilegalmente a cámaras de seguridad de viviendas privadas en Bolivia.

El acusado, identificado como Dennis C.C., fue aprehendido el 23 de mayo tras ser vinculado a grupos de Telegram donde supuestamente se compartían los videos obtenidos de forma ilegal. Uno de estos materiales se viralizó recientemente, exponiendo la privacidad de una pareja en Santa Cruz.

Romani denunció que el imputado podría continuar operando desde su casa. “Este señor tiene todo el tiempo para seguir atormentando a las víctimas”, declaró. La abogada también advirtió que representa un riesgo no solo para los denunciantes, sino para cualquier persona que tenga cámaras de seguridad en su hogar.

Actualmente, se investiga cómo logró acceder a los registros sin tener las contraseñas de los dispositivos. Se conoció que el acusado usaba un sistema especializado para vulnerar estos equipos.

La defensa de las víctimas apeló la decisión judicial y aguarda ser notificada para continuar el proceso en una instancia superior.