Desde el penal de Chonchocoro, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho presentó su declaración ante la fiscal Marcela Terceros por la acusación que hay en su contra relacionada a la presunta compra irregular de maquinaria por parte de la Gobernación cruceña.

Martín Camacho, abogado de la autoridad cruceña, manifestó que se demostró que su defendido no forma parte del proceso de contratación, ya que esta es una atribución propia del Responsable de los Procesos de Contratación de Licitación Pública (RPC), por lo que hay una persona que estaba asignada a este proceso.

“El gobernador, al no formar parte del proceso de contratación, solamente ha firmado una impugnación, una resolución en contra de una impugnación que desplazó o descalificó a dos empresas por no cumplir con los requisitos que eran pedidos en el Documento Base de Contratación (DBC)”, manifestó el jurista en puertas de Chonchocoro.

El proceso es impulsado por el asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Dilfe Rentería, y sindica a Camacho por los supuestos delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

“Hay una jurisprudencia que hace inviable e imposible la comisión de cualquier hecho delictivo (por parte del gobernador). El proceso de contratación del RPC ha sido completamente claro y dentro de las normas”, enfatizó Martín Camacho.

Para el abogado, el asambleísta Rentería está confundiendo sus funciones y pretende ser el representante legal de las dos empresas que no fueron favorecidas con la contratación, advirtiendo que se están denunciando al gobernador “por una descalificación” de la que no tomó parte.

“El señor Dilfe Rentería aquí está jugando a ser el abogado del diablo y defendiendo con su cargo de asambleísta a empresas privadas”, apuntó el jurista respecto a esta denuncia que es la octava que enfrenta el gobernador cruceño.