El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz en su Sala Penal Tercera aceptó este jueves la recusación interpuesta por la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho en contra del juez anticorrupción Primo Flores para separarlo de forma definitiva del caso carro bombero por “enemistad manifiesta” contra la primera autoridad del departamento y su abogado Martin Camacho.

El abogado Martin Camacho explicó que la resolución separa al juez Primo Flores solo de esta causa penal; sin embargo, dijo que “por un principio de probidad y legalidad (dicho juez) debería apartarse de todos los casos del gobernador y de todos los casos donde yo sea abogado”.

La recusación fue aceptada por los vocales tras considerar que un testigo del gobernador había escuchado comentar al juez que su decisión ya estaría tomada y que dispondría su detención preventiva. Además de que ya existían roces entre el juez y el jurista del gobernador por un proceso anterior del exlíder cívico Rómulo Calvo donde ambos se levantaron la voz.

“Se dispone la separación definitiva de la autoridad recusada del conocimiento de la presente causa penal, debiendo el expediente ser sorteado entre los otros Juzgados de instrucción especializados en delitos de corrupción; sea sin responsabilidad civil, penal o disciplinaria para la autoridad recusada”, resuelve el documento firmado por los vocales.

En ese sentido, el jurista Martin Camacho confirmó a este medio de comunicación que la audiencia prevista para esta tarde será instalada, pero inmediatamente suspendida debido a que no se puede llevar adelante porque aún no hay un nuevo juez asignado a la causa.

Este caso se activó tras denuncia del diputado del MAS Rolando Cuéllar, quien denunció al gobernador cruceño por la compra de un carro bombero «fantasma». Según la denuncia, tres empresas se presentaron en la licitación para la compra del vehículo de emergencia, pero la Gobernación «optó por una empresa que no existe».

Dijo que el 28 de enero de 2022 se firmó la compra del carro bombero por 1 millón 730 mil bolivianos, y que la entrega, que estaba prevista para el 27 de junio, nunca se hizo.