El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz resolvió la suspensión de los jueces del juzgado del municipio de Yapacaní y a los jueces del Tribunal de Sentencia de ese recinto judicial, que están vinculados con la atención de los procesos previos que se abrieron en contra de Ruddy Yáñez, el hombre que fue declarado en rebeldía y que caminó en libertad durante años, tiempo en el que terminó por atacar, agredir sexualmente y luego asesinar al pequeño José Andrés Serrudo.

En la relación de los hechos, se informó la existencia de dos procesos penales en contra del ahora condenado Ruddy Yáñez Villavicencio, el primero se conoció el 24 de diciembre de 2017 disponiéndose su detención preventiva, pero luego se le dio medidas cautelares para finalmente declararlo rebelde el 8 de noviembre de 2021.

Un segundo proceso se le abrió el 16 de julio de 2021 por abuso sexual en el municipio de Yapacaní y también se ordenó la detención preventiva. Algo que llama la atención, señalan miembros del Consejo de la Magistratura, es que cuando se lo declaró rebelde por el primer caso, estaba detenido preventivamente, reveló el consejero Marvin Molina.

Observan ineficiencia en funcionarios de la Fiscalía y el sistema penal que permitió que un delincuente de este calibre no hubiera pagado su pena por dos delitos de violencia sexual y que, después de “triquiñuelas”, se hubiera logrado su cesación en la detención preventiva que permitió que este sujeto salga en libertad realizando, nuevamente, una nueva violación que terminó con la muerte de un pequeño de ocho años.

Se presentaron dos acciones disciplinarias contra los jueces que conocieron de los procesos, la primera denuncia se hizo en contra de María Luisa Saavedra Rioja, juez de instrucción en Yapacaní y el juez de sentencia primero de Yapacaní, Ricardo Huaylla Castro.

Una segunda denuncia también fue hecha en contra la jueza Saavedra Rioja, y contra los jueces técnicos del Tribunal de Sentencia del municipio de Buena Vista: Saúl Vargas, José Mansilla, Ana María Valverde.

“Se ha solicitado como medida cautelar la suspensión de estas autoridades en tanto se proceda a la investigación a efecto de evitar la contaminación y se realice adecuadamente la investigación”, informó Mirtha Meneses, presidenta del Consejo de la Magistratura.

El Tribunal Supremo de Justicia informó el pasado martes que existen 467 personas declaradas en rebeldía en Bolivia, en casos que involucran agresiones y abuso sexual en contra de mujeres y menores de edad.