La responsable de Incidencia Política de la Coordinadora de la Mujer, Lucía Vargas, señaló que, en los 10 años de vigencia de la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, se atendieron 432.265 causas, es decir, 50 mil por año, de las cuales sólo el 5  por ciento terminaron en sentencia.

La activista resaltó que la normativa permitió visibilizar los casos de violencia dentro de los hogares que antes eran tipificados como violencia intrafamiliar.

“La violencia era considerada como un tema privado y no estaba penalizada; entonces, con la ley, las mujeres comienzan a denunciar las distintas formas de violencia”, explicó.

Destacó que ahora existen mecanismos para la prevención, sancionar y erradicar la violencia, pero debe mejorarse el sistema. “Falla el sistema judicial por la recarga y mora procesal, la investigación forense, insumos y otros aspectos”, explicó.

Indicó que la Coordinadora y otras instituciones están alarmadas ante la modificación de la norma que fue propuesta por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Dijo que el retroceso se debe a que la propuesta excluye el evitar la revictimización de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia.

Señaló que la norma no provocó el incremento de casos; más bien los visibilizó a través de las denuncias realizadas.

La Defensoría del Pueblo exhortó a los legisladores a priorizar el proceso de ajustes de fondo a la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia, a través de un “proceso de debate respetuoso y constructivo que permita su actualización y desmonte estructuras patriarcales aún existentes”.

Ayer, un grupo de personas protestó en inmediaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en La Paz, contra la Ley 348. El reclamo principal es que la norma es usada por algunas mujeres y sus abogados para presentar denuncias falsas y por los operadores de justicia para extorsionar a los acusados.