El Tribunal Constitucional de Ecuador ha dado ‘luz verde’ este viernes a diez preguntas planteadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa en materia de seguridad, trabajo, inversión y funcionamiento del Estado, así como sobre la Constitución, para la celebración de una consulta popular.

El Gobierno remitió en un principio al tribunal un total de 20 preguntas, si bien retiró una propuesta sobre los casinos, quedando en 19 las cuestiones. Del total, diez han sido aprobadas –cuatro de ellas con enmienda– mientras que nueve han sido rechazadas.

En concreto, una de las preguntas aprobadas es la relativa al «control de armas, municiones, explosivos y accesorios» por parte de las Fuerzas Armadas, así como la que plantea reformar el Código Penal para incrementar las penas por delitos de terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, trata, secuestro, tráfico de armas, blanqueo de capitales y actividad ilícita de recursos mineros.

Asimismo, ha aprobado una pregunta sobre el cumplimiento de la totalidad de la pena de «personas privadas de libertad» en centros de rehabilitación social y otra sobre la tipificación como delito de la posesión de armas, municiones o componentes «de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía» sin que ello afecte «a las armas de fuego permitidas para uso civil». Ambas propuestas suponen una reforma del Código Penal.

Además, la corte ha validado otra cuestión que reformaría el Código Penal y que plantea si «las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, pueden destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas».

Finalmente, se ha aprobado otra pregunta que alude a la posibilidad de que el Estado sea titular «de los bienes de origen ilícito o injustificado», simplificando así «el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio».

Asimismo, otras cuatro preguntas han sido aprobadas, si bien tendrán que ser aplicadas a través de la enmieda. En concreto, se refieren a la extradición de ecuatorianos; al establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional; a la promoción de la inversión extranjera, así como el reconocimiento del arbitraje internacional y a reformular el Código de Trabajo para regular los contratos a plazo fijo y por horas.

Por contra, hasta nueve preguntas, muchas en materia de seguridad, se han quedado fuera. Entre ellas, está la posibilidad de conceder indultos a miembros de la Policía, las Fuerzas Armadas o los cuerpos de seguridad del Estado que hayan sido imputados por un delito de uso de la fuerza.

Asimismo, otra de las que no ha sido aprobada es la opción de que personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía sea juzgado «en todas las etapas procesales por jueces especializados exclusivamente en materia penal y militar».