El exembajador de Estados Unidos en Bolivia, Víctor Manuel Rocha de 73 años, dijo este jueves ante un tribunal federal que aceptó declararse culpable de ser un agente ilegal del gobierno cubano y defraudar a Estados Unidos en un acuerdo de culpabilidad que se dará a conocer el 12 de abril, cuando será sentenciado, según informó el diario Miami Herald.
“Estoy de acuerdo”, dijo Rocha cuando la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Beth Bloom, le preguntó si quería cambiar su declaración de culpabilidad.
El diario estadounidense indicó que el abogado defensor de Rocha y los fiscales federales reconocieron el acuerdo de declaración de culpabilidad.
Se conoce que el acuerdo de culpabilidad con una sentencia predeterminada es para dos delitos: conspiración para ser un agente ilegal y actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero.
El diario estadounidense indicó que el abogado defensor de Rocha y los fiscales federales reconocieron el acuerdo de declaración de culpabilidad.
Se conoce que el acuerdo de culpabilidad con una sentencia predeterminada es para dos delitos: conspiración para ser un agente ilegal y actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero.
Entre 1999 y mediados de 2002, fue embajador estadounidense en Bolivia, donde causó una gran polémica al amenazar con retirar la ayuda estadounidense a la guerra boliviana contra las drogas, si Evo Morales ganaba las elecciones.
La labor de Rocha fue “una de las infiltraciones de mayor alcance y duración en el gobierno de Estados Unidos por parte de un agente extranjero”, dijo el fiscal general Merrick B. Garland en un comunicado publicado en diciembre del 2023 tras el arresto del presunto espía.
Según la denuncia, Rocha, un estadounidense de 73 años nacido en Colombia, “apoyó en secreto a la República de Cuba y su misión clandestina de recopilación de información de inteligencia contra Estados Unidos” desde alrededor de 1981 hasta su detención.
Para ayudar al gobierno comunista de Cuba, enemigo acérrimo de Washington, el acusado obtuvo un empleo en el Departamento de Estado entre 1981 y 2002.
Ahí ocupó cargos que le dieron acceso a información no pública de alto nivel, así como la capacidad de influir en la política exterior estadounidense, según el fiscal general
