El fiscal del Vaticano, Alessando Diddi, pidió este miércoles 7 años y 3 meses de reclusión para el cardenal italiano Angelo B., quien ejerció entre 2011 y 2018 como número dos de la Secretaría de Estado vaticana, en el juicio en el que se le acusa de graves violaciones financieras que dañaron a la Santa Sede.

Para Becciu y los otros nueve imputados – funcionarios vaticanos, financieros e intermediarios – en este juicio sobre las irregularidades en la gestión de los fondos del Vaticano que comenzó hace dos años, Diddi pidió un total de 73 años y un mes de reclusión más penas de inhabilitación y multas.

Ahora el proceso, en el que por primera vez un cardenal se sienta en el banquillo, será suspendido por las vacaciones de verano y la sentencia no llegará antes de finales de año.

La tesis de la acusación presentada por el “promotor” (el fiscal de justicia vaticano) es que la Secretaría de Estado, en el momento en que Becciu era Sustituto de Asuntos Generales, es decir, el hombre clave de la burocracia vaticana, invirtió una cuantiosa suma en una operación altamente especulativa para la compra de un edificio en Londres y que creó un gran agujero de entre 139 y los 189 millones de euros en las arcas vaticanas.

Los otros imputados están acusados diversos cargos: peculado, estafa agravada, extorsión y blanqueo de capitales.

Además durante el proceso surgieron otros delitos financieros cometidos presuntamente por Becciu como las donaciones de 125.000 euros que el cardenal ingresó en la cuenta de una asociación, vinculada a la Cáritas sarda de Ozieri, que en ese momento presidía uno de sus hermanos.

Así como el pago de 575.000 euros a Cecilia Marogna , una mujer a quien se contrató por presentarse como experta en asuntos diplomáticos y servicios secretos y que supuestamente ayudó a la Santa Sede a liberar a la monja colombiana secuestrada en Malí.

Durante el proceso, Becciu, a quien el papa retiró sus beneficios cardenalicios, negó todas las acusaciones y su defensa afirmó que tanto Francisco como el secretario de Estado del Vaticano estaban al tanto de las diversas inversiones y transacciones financieras y las aprobaron, incluido el pago de 15 millones de euros a un corredor financiero con sede en Londres acusado de extorsionar al Vaticano.