Uruguay y Bolivia acordaron este lunes distintas “líneas de acción” para la persecución y captura del uruguayo acusado de narcotráfico Sebastián Marset quien se encuentra prófugo de la Justicia boliviana y a su vez es requerido por las autoridades de Paraguay.

El viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Jhonny Aguilera, indicó a la prensa, luego de un encuentro con el ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Heber, que ambos países trabajarán bajo tres aspectos como el “combate militar de persecución efectiva” frente a los “grupos de poder que protegen” a Marset.

Asimismo, detalló que también trabajarán sobre el lavado de activos de Marset a quien hasta el momento la policía de Bolivia ha logrado incautar un total de 43 inmuebles valorados en 10 millones de dólares así como la detención de unas 21 personas.

Otra de las “líneas de acción”, según Aguilera, será el fortalecimiento de los aspectos legales que, a su juicio, “han permitido” al uruguayo “evadir los procesos penales” y “encontrarse inerte”.

El representante del Gobierno boliviano señaló que junto al Ministerio del Interior uruguayo desarrollarán el “intercambio de operaciones” y generar “escritorios comunes” que permitan que “la inteligencia fluya en tiempo real”.

“No tenemos una información que nos permita establecer el paradero, sin embargo, por lo que corresponde a Bolivia, la persecución es incesante. Si es que el sujeto está en Bolivia, va a ser encontrado, y si se encuentra fuera, con la cooperación internacional también lo vamos a hallar”, concluyó.

Marset cuenta con órdenes de captura de la Europol e Interpol además de ser requerido por la Justicia en Brasil y Paraguay y por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

Este caso tiene en la mira a varias instituciones de Bolivia por la facilidad con la que logró establecerse en el país con documentos de identidad falsos, fundar y jugar en un equipo de fútbol de segunda división y manejar grandes cantidades de dinero sin que esto levantara sospechas.

El uruguayo está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y, según fuentes periodísticas, se le relaciona con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022, en Colombia.