Las transferencias del nivel central a las gobernaciones cayeron en 50 por ciento del 2014 al 2022, y en 30 por ciento en el caso de los municipios, de acuerdo a datos oficiales. En este contexto, se prevé que la tendencia continúe este año y los próximos, debido, principalmente, a la reducción de los ingresos por la venta de hidrocarburos.

De acuerdo al Ministerio de Economía, en 2014 se transfirieron 9.821 millones de bolivianos a las gobernaciones, mientras que en 2022 el monto llegó a 4.942 millones. En el caso de los municipios, los montos cayeron de 15.428 a 10.973 millones.

Las universidades tuvieron más suerte, pues sus ingresos por transferencias del nivel central subieron en 12 por ciento en este periodo, de 3.976 a 4.458 millones.

El investigador en presupuesto público de la Fundación Jubileo, René Martínez, resaltó que la caída de las transferencias se da según la tendencia de la bonanza económica y que para 2024 ocurrirá un mayor descenso.

El economista Joshua Bellot indicó que la reducción ha sido “marcada y acelerada”, dejando a algunos municipios sin prácticamente nada para invertir, mientras que la mayoría de los ingresos se quedan en la administración central.

El viceministro de Presupuesto, Zenón Mamani, dijo que no hay recortes para los gobiernos subnacionales, sino que los decrementos se debe a los menores ingresos por la venta de gas natural. 

Gobernaciones como la de Santa Cruz y La Paz ya alertaron de que tendrán dificultades en los próximos años para atender las demandas de la población.

Pero ¿por qué mientras los ingresos por transferencias de municipios y gobernaciones cayeron, los de las universidades subieron? Martínez explicó que esto se debe a que las transferencias a gobernaciones contienen un alto componente de ingresos por la venta de hidrocarburos, lo cual no ocurre con los municipios y mucho menos con las universidades.

“La perspectiva de ingresos nacionales no es positiva en adelante. Estamos en una situación muy compleja y con riesgos de mayor deterioro económico”, alertó Martínez.

Para el investigador, lo que ocurre en el país no es producto de un problema coyuntural, sino de uno estructural por la falta de inversión en la exploración de hidrocarburos y el bajo crecimiento de la recaudación impositiva, debido a la ralentización de la economía.

¿Momento para un nuevo pacto fiscal?

La discusión por un nuevo pacto fiscal cobró fuerza en las últimas semanas con la noticia de la reducción del presupuesto para los gobiernos locales en 2024.

El economista Joshua Bellot indicó que los datos del censo (marzo 2024) se deberían aprovechar para debatir el pacto fiscal.

El investigador René Martínez añadió que una nueva distribución de los recursos podría complicarse ahora que se tienen cada vez menos ingresos, un panorama opuesto a los tiempos de bonanza.