Finalmente, la justicia ordenó la detención preventiva en la cárcel de Palmasola por 90 días para los cuatro ejecutivos del Banco Fassil, imputados por la Fiscalía por delitos financieros. 

Se trata de Hernán Suárez Vaca Díez, Hermes Hugo Saucedo Camacho, Juan Ricardo Mertens Olmos y Jorge Arturo Chávez Vargas, aprehendidos después de una denuncia formulada en su contra por representantes de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) al haber otorgado un crédito de más de un millón de dólares, a una joven de 18 años.

La audiencia, presidida por la jueza Marianela Salazar, se desarrolló desde las 14:00 hasta pasada las 21:00 frente a los imputados, sus abogados defensores y fiscales. 

La imputación con la firma de los fiscales Carmen Guzmán y Julio César Porras, se sustenta en la denuncia de personeros de la ASFI que aseguran que, desde el 16 de enero al primero de febrero, se desarrolló una inspección especial en oficinas del banco Fassil de la avenida San Martín. 

Allí se evidenció documentación que la joven de 18 años fue favorecida con la firma de un contrato de línea de crédito, sin límite.

Los fiscales de forma categórica fundamentaron ante la jueza que la mujer solicitó el crédito y como respaldo presentó un certificado de trabajo de una empresa constructora con un salario de Bs 10.000. 

Asimismo, adjuntó tres boletas de pago, pero lo que llamó la atención a los investigadores y fiscales es que la mujer declaró como patrimonio dos televisores, una heladera, tres aires acondicionados y una cocina por valor de $us 5.000. 

De esta manera, en cuatro sobregiros, logró beneficiarse con más de Bs 9 millones, equivalente a más de un millón de dólares.

Los fiscales concluyeron que los ejecutivos favorecieron a la joven con un crédito sin límites aprovechando su cargo, mediante trámite fraudulento, sin contar con la solvencia económica para cubrir dicho crédito. Por ello pidieron la detención por 180 días de los cuatro en la cárcel de Palmasola.

Entre las partes sobresalientes de la imputación, los fiscales pusieron en conocimiento de la jueza, los actos investigativos a desarrollarse. Entre los más importantes señalan emitir requerimiento para que intervenga la Unidad de Investigación Financiera con el fin de determinar los movimientos económicos recibidos y enviados de los ejecutivos denunciados, de la joven de 18 años y de otras personas relacionadas al manejo de dineros. 

Significa que la UIF, que desarrolla investigaciones autónomas entrará en acción en busca del esclarecimiento del manejo de dineros.

Por su parte, la Fiscalía requerirá a la empresa que entregó certificado de trabajo a la joven, elevar informes y documentación del caso. Asimismo, se citará a otros funcionarios que intervinieron en la apertura de la línea de crédito para identificar su participación en la otorgación del crédito que benefició a muchos. 

Del mismo modo se pidió a la jueza la incautación de teléfonos celulares a los ejecutivos, y hacer el desdoblamiento para acumular datos que den más luces a la investigación. La Fiscalía solicitará informes a otras entidades financieras para determinar el paradero de los fondos retirados del Banco Fassil.

Los abogados de los ejecutivos del Banco Fassil asumieron férrea defensa. Coincidieron en señalar que sus clientes no incurrieron en delito, por considerar que el crédito se pagó y que no se causó ningún daño económico a Fassil.