La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) rechazaron una disposición transitoria del Presupuesto General del Estado 2025 que permitiría la «confiscación y/o decomiso de productos» a empresas y manifestaron su «más profunda preocupación y alarma».

En criterio de la institución industrial se incluye esa disposición «bajo el pretexto de que ‘pretendan encarecer los precios de los mismos'».

«Los industriales en forma categórica solicitan al presidente Luis Arce Catacora eliminar la citada disposición, para evitar un clima de total inseguridad jurídica para la iniciativa privada», urgió el Gobierno.

Para los industriales, «la disposición adicional séptima del PGE – 2025 se convertirá en un instrumento de carácter discrecional, arbitrario, represivo y extorsivo, puesto que facultará a entidades públicas ‘competentes’ a activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los industriales legalmente establecidos».

En la disposición adicional séptima se establece que «con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos».

Los industriales ven que la medida «generará incertidumbre entre las empresas y microempresas que preferirán dejar de producir para evitar la arbitrariedad de funcionarios públicos, generando un efecto de desabastecimiento alimentario, caída de la inversión, desempleo y descenso de las recaudaciones tributarias».

Indican que «cuando a nivel sudamericano los países crean condiciones adecuadas y propicias para impulsar la iniciativa privada, en Bolivia contrariamente se promueven normas que ahuyentan a las inversiones nacionales y extranjeras».

«La citada disposición adicional constituirá un incentivo al contrabando y las actividades informales, debido a que el control y regulación sólo se aplica a las empresas formales», advirtió la institución.

En ese marco, el sector industrial planteó al Gobierno «adoptar medidas de política económica, que promuevan el desarrollo industrial nacional antes que medidas de orden represivo y confiscatorio».

Agroindustriales

En tanto, La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se pronunció en contra de una disposición del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE), que permitiría la intervención de cadenas productivas de parte de las autoridades.

Según la entidad que agrupa a los agroindustriales, está disposición puede destruir las cadenas productivas en desmedro de la población.

a CAO señaló que las amenazas y restricciones generan mayor inseguridad y desánimo en el productor.

Recordó que, con las restricciones de exportación y bandas de precios, se desaceleró el crecimiento de algunos rubros, al punto de que para cubrir el consumo interno, Bolivia debe importar de otros países en grandes cantidades productos como el arroz y maíz, entre otros. 

«La especulación se combate incrementando la oferta, pero si no hay condiciones para producir, las amenazas no harán aparecer más producto de un momento a otro», alertó. 

Para la CAO, no es correcto que los productores y sus familias vivan en una «incertidumbre permanente, con normas que solo se prestan para la presión y la extorsión». 

«Bajo ningún argumento es correcto que la población tenga que pagar un alto costo de vida, por el manejo irresponsable de las políticas públicas», agregó, por lo cual su solicitud es que la Asamblea Legislativa rechaza incluir en la Ley del PGE esta «intervención indiscriminada de las distintas cadenas productivas.