En lo que va de año, en Santa Cruz se registraron ocho puntos de bloqueo y nueve días de caminos afectados, según la información reflejada desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), desde donde advierten el golpe que los nuevos anuncios de cierre de carreteras puede significar a la economía.

“Bloquear no es la mejor noticia para un país que lo que precisa con urgencia es exportar y atraer capitales. Lamentablemente, no nos ayuda el mostrarnos a nivel internacional como un país no confiable para invertir y hacer negocios”, manifestó el gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, en conferencia de prensa.

El ejecutivo remarcó que, cualquiera sea la motivación del bloqueo, esto también genera un freno a las posibilidades de mayor desarrollo, tema que quedó reflejado en 2023, cuando también se inscribieron 211 días de bloqueo en el departamento cruceño, cuando se instalaron 185 piquetes distintos.

“La gestión 2023 ha sido dura y prueba de ello son los indicadores que dan cuenta de un bajo desempeño. El producto interno bruto, por ejemplo, ha crecido apenas por encima del 2%, cuando estaba previsto hacerlo en un 4,86%”, apuntó Rodríguez.

Asimismo, las estadísticas de esta entidad reflejan que las exportaciones al mes de octubre del pasado año habían caído ya $us 2.500 millones y se registró un déficit comercial, cuando en el 2022 habíamos registrado un récord histórico por más de $us 13.500 millones.

Actualmente, organizaciones sociales evistas alistan un bloqueo nacional de caminos en rechazo a la prórroga de magistrados en el Órgano Judicial, tema que ya derivó en varias movilizaciones que se concentraron en la ciudad de Sucre.

El ejecutivo explicó que, si bien el sector ganadero, porcinocultor, avícola y lechero, además de los transportistas, exportadores, importadores, comerciantes y prestadores de servicios, fueron los más afectados, al final del día pierde toda Bolivia porque se crece menos, disminuye el empleo, las familias tienen menos ingresos, baja la captación de dólares, y los precios suben por el desabastecimiento.

“Protestar no significa bloquear. Bloquear implica un delito porque donde empieza el derecho de una persona, termina el derecho de otra. Y la protesta, cuando no es pacífica, cuando no es oral o escrita, cuando invade el derecho de otra persona, pasa a ser un bloqueo y es un delito porque atenta contra dos derechos fundamentales de la libre circulación y el derecho al trabajo”, sentenció Rodríguez.