“Cuando está haciendo la consulta previa la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), las comunidades están rechazando rotundamente la minería, porque no queremos que nos arruinen esas tierras que todavía tenemos para los cultivos”, afirma Hilarión Mamani, subalcalde de Mayaya, quien se da cuenta -algo tarde- de que el precio que Mayaya está pagando por sacar oro del río Kaka, mediante sociedades ilegales con capitales extranjeros, es demasiado alto.

El hambre de los dragones chinos es insaciable. Desde que arribaron a la Amazonía en 2018 -casi al mismo tiempo que los planchones colombianos­-, se devoraron cientos de toneladas de oro, pero van por más, son 1.722 cuadrículas -equivalentes a 43.050 hectáreas- las comprometidas para la explotación aurífera, tan solo en el río Kaka del departamento de La Paz.

Las cooperativas auríferas locales se asociaron de manera ilegal con los capitales extranjeros y maquillaron sus relaciones, en los últimos años, con la figura de “contratos de prestación de servicios”.

La AJAM, que no transparentó su información para la Agencia de Noticias Ambientales ni respondió a los requerimientos, cuadriculó el río Kaka, 130 kilómetros del afluente, desde la unión de los ríos Mapiri y Atén hasta cerca del río Beni, el segundo en importancia en el país, después del Madre de Dios.

Desde hace poco más de cinco años, cuando la AJAM admitió que las operaciones mineras en el río Kaka, en La Paz, eran ilegales -tras destaparse desde la prensa las sociedades ilegales entre las cooperativas locales y los capitales extranjeros-, la entidad estatal se propuso luchar contra la minería ilegal, pero no con mayor regulación y control a los operadores mineros, sino agilizando sus trámites administrativos, como respuesta a la presión de los interesados.

En un recorrido en bote a motor fuera de borda, desde la población beniana de Rurrenabaque hasta el municipio de Teoponte, bordeando el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integral Madidi, la Reserva de la Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas y la comunidad de Mayaya, clave para el intercambio comercial y de servicios, ANA logró georreferenciar más de 40 áreas de explotación aurífera, en las que operan más de 20 dragas chinas y cerca de diez planchones colombianos, y diez zonas de explotación a cielo abierto.

Las dragas a su paso han dejado ríos contaminados, sedimentos, toneladas de chatarra de maquinaria en desuso, desmontes y deforestación, destruyeron las orillas del río Kaka y dejaron en su lugar promontorios de piedras en las playas que antes eran fértiles.

“De aquí (Mayaya) salían a diario por lo menos 10 a 15 camiones de yuca, papaya, sandía, todo lo que se producía, tomates, zapallos, pero ahora las orillas del río que eran playas se han convertido en área aurífera y lo han degradado el suelo”, señala Mamani, quien vivió en la comunidad desde 1970, cuatro años después de su creación.

“Se llevan el 80%”

La presencia extranjera en Mayaya se evidencia a cada paso. “Mira, los extranjeros que son los chinos, los colombianos, los peruanos, todos los que son extranjeros, ¿por qué llegan?, porque existen cooperativas constituidas legalmente y están conformadas por los mismos bolivianos, mayayeños, entonces a través de las cooperativas llegan”, explica.

A pesar de que destaca que la minería aurífera dinamizó la economía en Mayaya, donde la población creció a más de 5.000 personas, a la par de las nuevas construcciones de viviendas, admite que a la hora de cerrar trato los extranjeros imponen sus condiciones de trato.

“Los inversionistas extranjeros cuando vienen dicen: yo me voy a llevar 70%, 80%, ustedes se van a quedar con tanto (…). Antes era 30% para las cooperativas, pero ha bajado a 25%, porque los inversionistas dicen que aumentó el costo de operación”, asegura.

La narración de Mamani coincide con la de una socia cooperativista, quien fue dirigente campesina. Ella asegura que las cooperativas aceptan las condiciones que imponen los extranjeros, porque no cuentan con la tecnología que ofrecen los chinos y los colombianos. Pero dijo que el control lo realizan a través de turnos y designan a un “sereno” para verificar la cantidad de oro que se extrae.

El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas de La Paz (Fecoman), Ramiro Balmaceda, en marzo de este año, reconoció las sociedades ilegales entre algunas cooperativas y empresas extranjeras. Dijo entonces que las cooperativas se ven “tentadas” ante la necesidad de mecanizar sus operaciones y la burocracia estatal a la hora de emitir autorizaciones.

“A veces nos vemos obligados, tentados de llegar a acuerdos con estos compañeros extranjeros porque ellos también te ofrecen: te vamos a entregar maquinaria, tornamesas, volquetas y ustedes van a trabajar en concomitancia con la empresa, ya que el cooperativista no tiene fondos”, se sinceró.

Se abre paso el monopolio

Si bien la reconfiguración de los actores mineros en el río Kaka asciende a 63, entre las que destacan 25 cooperativas y 38 empresas, entre Ltda, SRL, y unipersonales, sólo tres acaparan el 72% de la superficie destinada a la extracción del oro.

Se trata de la Cooperativa Minera Aurífera San José de Asilahuara RL (237), la empresa a nombre de Martha Betty Céspedes Camacho y Eduardo Asebey Salas (208) y la Cooperativa Minera Aurífera Camaleo RL (793), que concentran un total de 1.238 cuadrículas es decir, 30.950 hectáreas.

Mercurio de Bolivia

El experto peruano en derecho ambiental César Ipenza afirma que siempre tuvo una posición crítica a la actitud del gobierno boliviano frente al tema del mercurio. “Yo he sido funcionario en el pasado y, en reuniones de mercurio con Ecuador, Colombia y Brasil, todos miraban hacia el Perú como el responsable de la importación de mercurio hacia Ecuador y luego Colombia, y cuando nosotros contrastamos nuestra realidad es que en el Perú no se importaba mercurio en esa dimensión y todo el mercurio provenía de Bolivia”, dijo.

“Casi toda la minería aurífera es ilegal”

Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y autor del estudio: “El negocio del mercurio en Bolivia”, tras hacer un análisis técnico legal sobre el estado de situación de la minería aurífera en el país, afirma que casi toda la minería en torno al oro es ilegal, porque no se cumple con varios parámetros y requisitos para ser considerada legal.

“Las cooperativas por definición tienen un fin social, eso dice la norma, son un grupo de personas que se organizan para poder sobrevivir, se reúnen, trabajan. No hay dueño de la cooperativa, todos son dueños de la cooperativa, pero en el trabajo pueden necesitar una contratación que no sea propia de la cooperativa, como la cocina, por ejemplo. Ahí pueden contratar a un tercero, pero no pueden contratar mineros, porque sería un contrato laboral”, explica.

Campanini advierte que más grave aún es la figura en la que las cooperativas hacen contratos con terceros extranjeros, que tienen ciertas limitaciones para acceder a derechos mineros.

“Entonces, esta asociación con empresarios de capitales chinos y de otras nacionalidades también tergiversa esta razón de ser de la cooperativa. Seguramente, muchas de estas cooperativas ya no realizan la actividad minera y prefieren subcontratar a un tercero que tiene maquinaria, tecnología y ahí se comportan como dueños de los derechos, incumpliendo la razón de ser de las cooperativas”, advierte.