Tras conocerse la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de trasladar a La Paz el caso Fassil, la defensa legal de uno de los exejecutivos de esa entidad en proceso de liquidación cuestionó esa determinación y advirtió que en el país no existe seguridad jurídica.
“Esta decisión es una arbitrariedad total, no existe seguridad jurídica en el país ni respeto al debido proceso”, afirmó Mariano Medina, abogado del expresidente del Banco Fassil, Ricardo Mertens, en un contacto con la agencia ANF.
En criterio del jurista, “estas acciones son evidentemente realizadas por el Ministerio de Justicia, pretendiendo acumular los casos a como dé lugar para llevarlo a La Paz, atentando contra el sistema jurídico sin respetar los derechos de las personas”.
La justicia determinó la acumulación de los casos del Banco Fassil y que los obrados sean enviados a La Paz. Luego, el pasado 28 de julio, un tribunal de garantías de Santa Cruz anuló esa resolución.
Sin embargo, finalmente el TCP revocó esta última decisión y dispuso que los expedientes sean enviados a la sede de Gobierno.
“El Tribunal de Garantías, al conceder la tutela solicitada, no obró de manera correcta”, reseña parte de la resolución del TCP.
Medina consideró que “el tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, no obró de manera correcta”.
El proceso
El 28 de junio el ministro de Justicia, Iván Lima, interpuso un incidente de acumulación de procesos por conexitud, pidiendo además que el proceso sea trasladado a La Paz.
El juez Alejandro Gamboa Mendoza declaró fundado el pedido y dispuso el traslado de los obrados.
Ante esta resolución, la defensa de Mertens interpuso una acción de libertad, argumentando la vulneración de sus derechos, entre ellos el haberle designado un abogado de oficio que no conocía el caso, al que además acusó de no haber interpuesto una apelación incidental.
En ese contexto, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de Garantías, concedió la tutela solicitada por Mertens.
Esta última resolución entró en una etapa de revisión en el TCP, que finalmente anuló el dictamen del tribunal de garantías y dispuso dar curso al pedido del ministro Lima y ordenó que todos los obrados sean trasladados a La Paz.
