El Decreto Supremo 5218, que autoriza la importación directa de combustibles para consumo propio, ha sido bien recibido por los sectores productivos de Bolivia. La medida busca garantizar un suministro constante de combustibles y reducir el gasto estatal en la subvención de hidrocarburos, según destacó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo.
“Esta medida responde a las necesidades de nuestros sectores productivos, que ahora podrán acceder a combustibles de manera más eficiente y oportuna”, dijo Gallardo. El decreto, aprobado el miércoles, permitirá a empresas privadas del sector minero, agropecuario y otros estratégicos importar combustibles con mayor flexibilidad. Se espera que esta disposición ayude a aliviar la demanda interna y, en consecuencia, a reducir la carga económica que representa la subvención estatal de hidrocarburos.
Más eficiencia
Uno de los puntos clave del nuevo marco legal es la reducción significativa de la burocracia. Antes, las empresas debían enfrentar un proceso engorroso que requería la presentación de documentos ante un juez, lo que demoraba entre 30 y 60 días. Con el Decreto 5218, este trámite se sustituye por una declaración jurada ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), lo que permitirá completar la gestión en un plazo mucho más corto, de entre cinco y 10 días.
Además, la normativa simplifica la presentación de certificados de calidad: ya no será necesario presentar los originales homologados por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnorca); bastará con copias legalizadas o documentos firmados digitalmente, siempre que estén avalados por entidades certificadoras nacionales.
Beneficios
Precisó que la normativa ofrece mayor flexibilidad en la elección de proveedores y puntos de importación, lo que supone una ventaja significativa en términos de costos y logística para las empresas. Este cambio promete dinamizar especialmente a los sectores más dependientes del suministro eficiente de combustibles, como el minero y el agropecuario.
Actualmente, nueve empresas del país, la mayoría pertenecientes a estos sectores, ya operan bajo el nuevo régimen, importando un total de 13,4 millones de litros de combustible mensuales, equivalente al consumo del departamento de Oruro en un mes. Adicionalmente, otras 50 empresas han solicitado la “no objeción” de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para avanzar con los trámites ante la ANH y la Dirección Nacional de Sustancias Controladas, explicó Gallardo.
Perspectivas positivas
El Ministro subrayó que esta medida forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para apoyar al sector productivo y optimizar el uso de los recursos energéticos del país. “Con esta medida, los sectores productivos podrán contar con los combustibles que requieren en plazos mucho más cortos”, indicó, anticipando un impacto positivo en la competitividad y en los costos operativos de las empresas.
Dijo que la implementación del Decreto 5218 no sólo responde a las demandas del sector privado, sino que también tiene el potencial de aliviar la presión sobre el gasto estatal destinado a la subvención de hidrocarburos, una política que ha representado un costo significativo para el Estado en los últimos años. Con la apertura de la importación directa, se espera una mejora en la distribución y un mayor equilibrio en la oferta y demanda de combustibles en el mercado interno.
De esta manera, el Gobierno proyecta que esta nueva normativa será un catalizador para la reactivación económica del país, dijo la autoridad.
