La dirigencia del transporte pesado aseguró ayer que la oferta de diésel aún no se ha normalizado en el país y que persisten las filas en algunos surtidores, por lo que exigieron al Ejecutivo explicaciones. Una de las organizaciones dio un plazo de 15 días al Gobierno para informar sobre “la realidad” del abastecimiento de combustible, caso contrario se advirtió con medidas de presión. 

“El transporte boliviano está en estado de emergencia. Hemos dado 15 días de plazo para que las autoridades correspondientes puedan responder al sector. Son 15 días para que el Gobierno explique al transporte boliviano por qué la escasez de combustible y la calidad del mismo. Si no responden, habrá un ampliado en La Paz, donde definiremos medidas de presión”, dijo Domingo Ramos, ejecutivo de la Confederación de Transporte Pesado Nacional e Internacional de Bolivia.  

Desde YPFB, se aseguró que se tuvieron algunos problemas en el abastecimiento de combustibles en las últimas semanas debido a restricciones de pago a los proveedores. Sin embargo, el vicepresidente de la empresa estatal, Luciano Montellano, dijo el anterior jueves  que estas dificultades estaban siendo solucionadas y que la provisión se normalizaría. 

Los transportistas consideran que la escasez ha disminuido y que las filas en los surtidores se han reducido, pero la situación aún no se ha normalizado en un 100 por ciento. 

Ramos dijo que el abastecimiento se concentra en los surtidores más populares, descuidando otros donde todavía no se puede encontrar diésel. 

El dirigente exhibió un pronunciamiento de su organización en la que se pide al presidente Luis Arce la destitución del presidente de YPFB, Armin Dorgathen, y del director de la ANH, Germán Jiménez. 

El ejecutivo del transporte pesado nacional, Pedro Quispe, coincidió con Ramos al señalar que “hay harta escasez. A la ANH y YPFB les pedimos conocer por qué ocurre esto. ¿Se están dando los cupos que corresponden a las estaciones de servicio? Hay muchas filas a nivel nacional. Siguen las filas y esperamos que se normalice”.

Asimismo, el ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, apuntó que “hay preocupación todavía” en su sector, pese a que las filas se han reducido. 

Hasta agosto de este año, se destinaron 1.841 millones de dólares para importar combustibles, cifra ligeramente menor a la que se gastó en 2022 en el mismo periodo: 1.882 millones. Sin embargo, el monto sigue siendo más alto que lo que se obtuvo por la exportación de hidrocarburos hasta agosto de esta gestión: 1.421 millones de dólares.

Por otro lado, Quispe señaló que el bloqueo instalado en la población fronteriza de Desaguadero por parte de supuestos choferes peruanos retrasa el ingreso al país de 60 cisternas con diésel. Esto podría poner en riesgo el delicado abastecimiento del combustible, alertó.