Bolivia podría pagar hasta un 59 por ciento del costo del diésel que utilicen vehículos con placa extranjera de Perú, Colombia o Ecuador si el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) llega a aplicarse. Esto elevará el costo de la ya pesada subvención a los combustibles que desgasta los dólares en el país y fomenta el déficit fiscal.
Si bien el fallo se refiere a todos los combustibles, lo más factible es que el impacto se dé en el diésel que cargan los camiones peruanos que transportan mercadería. Perú fue el que hizo la demanda, ya que sus conductores pagan más por el mismo volumen de diésel que los choferes bolivianos.
Asimismo, la Comunidad Andina sólo incluye a Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Como sólo se comparte frontera con Perú, son los choferes de este país los que resultarán más beneficiados, apuntó el analista en hidrocarburos, Álvaro Ríos.
“Esto sin duda subirá la demanda de diésel en Bolivia sustancialmente. Hará que la subvención aumente, así como las importaciones”, apuntó Ríos.
De acuerdo a datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el precio internacional del litro de diésel en julio de este año llegaba a 8,97 bolivianos, pero en el país se vende a sólo 3,72 bolivianos, el 59 por ciento del precio es subvencionado
Ríos señaló que es difícil cuantificar en cuánto se elevaría el costo de la subvención si se cumple el fallo del TJCA, pues se desconoce el volumen de combustible adquirido por vehículos con matrícula peruana.
En 2015, cuando se fijó un precio diferenciado para coches con placa extranjera, se estimaba que por mes éstos cargaban 237.313 litros de gasolina especial, y 226.054 litros de diésel. En ese caso el costo de la subvención en el diésel llegaría 1,2 millones de bolivianos al mes.
El investigador en Energías de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, dijo que aunque se desconoce el impacto en la economía boliviana “lo claro es que el Estado va a tener que cubrir cerca del 50 por ciento del costo del combustible”.
Para Velásquez, “el problema de fondo” es la política de subvención de los combustibles que se mantiene por casi dos décadas y que beneficia a todos, sin considerar que hay quienes sí podrían pagar un monto más elevado por el diésel o la gasolina.
Para él, focalizar la subvención para beneficiar grupos vulnerables podría ser un alivio para el Estado, que reporta un déficit fiscal por casi 10 años consecutivos.
Ríos, sin embargo, considera que difícilmente podría darse una focalización del subsidio para el diésel. No obstante, se podría comenzar con el GLP.
Gobierno dice que cumplirá el fallo
El viceministro de Transporte, Wilfredo Gutiérrez, manifestó ayer que el Gobierno cumplirá el fallo del TJCA, pero que buscará estrategias administrativas al respecto.
“Se va a cumplir, no hay más, porque si no cumplimos estaríamos sujetos a sanciones internacionales”, dijo Gutiérrez, de acuerdo a un reporte de Erbol.
“Estratégicamente vamos a ver a quién se le vende y a quién no; no es a cualquier ciudadano, sino que tiene que estar autorizado para hacer el transporte internacional”, acotó.