A un año de la intervención del Banco Fassil, uno de los más grandes del país, más de 3 mil extrabajadores impulsan un proceso laboral en demanda del pago de primas adeudadas por un monto que ascendería a varios millones de dólares, según revelaron sus representantes.

Pese a que se habría pagado los sueldos adeudados y los beneficios sociales, algunos exempleados de la entidad consideran que no se cumplió en un 100 por ciento lo pactado con el interventor Luis Gonzalo Araoz. Dicen sentirse abandonados, sin conseguir un empleo formal, mucho menos en el sistema bancario nacional.

Desde la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que dispuso la intervención del banco un 25 de abril de 2023, se indicó que este procedimiento está a cargo de Luis Gonzalo Araoz, por lo que le corresponde a él brindar información sobre la liquidación de los bienes y el cumplimiento de los pagos a los extrabajadores.

Margarita Méndez, representante de los extrabajadores del Banco Fassil, señaló que se inició un proceso en un juzgado laboral para el pago de primas: una por cada año desde la gestión 2018. Desde ese año, los empleados preferían no reclamar la prima (equivalente a un salario al año) ya que supuestamente ese dinero sería reinvertido en la entidad financiera, explicó.

“Sabemos que otros colegas ya consiguieron esto, que en su momento no reclamamos para que las utilidades se reinviertan. En nuestro caso era un salario por año, otros bancos pagan dos primas al año y más el aguinaldo suma un total de 15 sueldos”, puntualizó.

José Miguel Cortez, otro de los representantes de los extrabajadores, indicó que este beneficio “es irrenunciable”. Precisó que no se maneja un monto exacto, pero explicó que la planilla de sueldos del Fassil llegaba a los 5 millones de dólares al mes.

Tanto Méndez como Cortez coincidieron en señalar que quienes demandan este pago son más de 3 mil extrabajadores; es decir, un 70 por ciento del total de personal que Fassil tenía en su momento: 4.600 personas.

Las primas que reclaman los extrabajadores sumarían a varios millones de dólares; considerando, además, que no sólo se exige el pago de esta remuneración, sino también de multas por el tiempo demorado en el pago de los beneficios sociales, equivalente a un 30 por ciento, y la demora también en el pago de las primas. Si es que la judicatura laboral les concede este pedido, recibirían otro 30 por ciento adicional del total del monto demandado.

¿Acuerdo cumplido?

El 17 de junio, el interventor y los representantes de los extrabajadores firmaron un acuerdo en Santa Cruz. En este documento, el interventor se comprometía a pagar los sueldos y beneficios adeudados, lo cual, según los entrevistados, se habría cumplido; sin embargo, señalan que otros puntos del convenio no se honraron.

Uno de sus puntos incumplidos es el décimo que hace referencia a que: “Los trabajadores con capacidad diferente (discapacidad) y tutores de discapacitados se gestionará su reubicación en otras empresas o en su defecto se evaluará otra modalidad respetando la ley”.

Gastón Pereira, quien tiene una pierna amputada debido a un accidente de tránsito, señaló que después de la intervención del Fassil, donde trabajaba como analista de administración crediticia, no pudo encontrar otra fuente laboral.

“En mi caso, no encuentro trabajo. Cuando en las entrevistas menciono mi discapacidad, parece que piensan que no voy a poder o no voy a rendir igual y me dicen que me llamarán después. Mientras tanto, estoy conduciendo un taxi para generar ingresos”, contó a Los Tiempos.

Pese a las varias cartas enviadas al Ministerio de Trabajo para denunciar “el incumplimiento del acuerdo”, hasta la fecha Gustavo no obtuvo respuesta ni de esta cartera de Estado ni del interventor.

Estima que, a nivel nacional, había entre 20 y 30 personas con discapacidad trabajando para el Banco Fassil al momento de la intervención. Sabe que algunos encontraron trabajo en otro lado, pero muchos otros comparten su suerte.

“El banco sigue funcionando a puerta cerrada, sé que hay empleados trabajando ahí porque la intervención durará varios años, pero ninguna persona con discapacidad está adentro. Hemos tratado de sobrevivir. Estoy dolido y decepcionado”, aseveró.

El sentimiento es de alguna manera compartido por los representantes de los extrabajadores. “Hasta ahora algunos no podemos conseguir documentos que prueban que nos deben, incluso equipos que no pudimos sacar de las oficinas. Estamos a la deriva, nos han codificado y eso no nos permite trabajar en la banca”, apuntó Cortez.

“El 10 por ciento de los extrabajadores se fue al extranjero, algunos iniciaron algún emprendimiento, pero el 90 por ciento estamos sin trabajo y no podemos conseguir un empleo en la banca”, acotó Méndez.

IntervenciónLos extrabajadores señalan que la intervención instruida por la ASFI fue “precipitada”, ya que el banco “no estaba en quiebra” y tenía el capital suficiente como para honrar sus compromisos. La ASFI argumentó que la decisión se tomó en apego a la Ley 393 de Servicios Financieros, que establece como causa de intervención el incumplimiento de pagos por falta de liquidez.En las semanas previas al cierre de Fassil, los clientes se quejaban de que no podían hacer retiros de sus ahorros.

El 13 de marzo de 2023, el Fassil pidió un crédito de liquidez al BCB, supuestamente por 73 millones de dólares, pero el mismo fue negado después de una evaluación realizada por el ente emisor, que afirmó haber precautelado los recursos del Estado.

Los entrevistados consideran que con esta decisión se precipitó la caída de uno de los bancos más grandes del sistema financiero.

Al momento, se desconoce la cantidad de bienes liquidados y el patrimonio actual de Fassil, aunque los exempleados aseguran que aún queda para que se les pague lo que se les debe.

Asimismo, el proceso penal por delitos financieros contra exejecutivos del banco continúa. Al menos cinco están encarcelados preventivamente, uno de ellos es el exvicepresidente de la entidad Martin Wille, a quien la justicia le otorgó detención domiciliaria el año pasado.

Mariano Medina, abogado del presidente del directorio del Banco Fassil Ricardo Mertens, indicó que el proceso penal aún se encuentra en la etapa preparatoria, cuando sólo debía durar seis meses.

“Hasta ahora no hicieron una auditoría financiera, necesaria para comprobar un delito financiero y sólo se basan en declaraciones testificales”, criticó el jurista.