El Gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció hasta ayer 150 intentos de saqueos a comercios en su territorio, que resultaron en 94 detenidos, luego de un «intento de instalar» una supuesta ola de saqueos desde el fin de semana en varias provincias del país.

«Se restableció anoche la paz» y se «llevó detenido a quien se encontró cometiendo delitos graves», afirmó el gobernador provincial, Axel Kicillof, a los medios apostados en el Centro del Comando Operativo en la localidad de La Matanza.

Kicillof informó que su gobierno proporcionó a la Justicia todos los elementos de «delitos cometidos en comercios, como de resistencia a la autoridad y lo que tiene que ver con el ciberdelito».

El gobernador recordó que «la situación» arrancó el fin de semana, en las provincias de Mendoza y Neuquén (oeste) y Córdoba (centro), luego de lo cual en la provincia de Buenos Aires empezaron «falsas denuncias, falsas imágenes» de «situaciones vinculadas con robos y con violencia».

«Hubo un permanente trabajo de instalar la cuestión cuando no ocurría», afirmó Kicillof.

Pero en la madrugada del martes al miércoles, Kicillof explicó que «empezaron a producirse hechos de robos en algunos puntos» de la provincia de Buenos Aires, que fueron atendidos «con profesionalismo y con mucho despliegue» por la policía provincial, lo que resultó en 94 detenidos, en manos de la Justicia.

A su lado, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, explicó que lo de este martes «fueron hechos puntuales» y que se caracterizaron por la «presencia de grupos organizados», pero que «el pueblo en general no acompañó», sino que «inclusive ayudó a mantener el orden».

«Tuvimos en una hora pico, de manera conjunta y coordinada, más de 150 intentos», afirmó Berni.

Argentina se encuentra en alerta por los intentos de saqueos que rememoran la crisis de principio de siglo, en un contexto de creciente pobreza, aceleración de la inflación (113,4 % interanual en julio) y tensión política tras las primarias del pasado 13 de agosto, que plantean un escenario incierto con vistas a las elecciones presidenciales del 22 de octubre próximo.

los hechos delictivos generaron un cruce político entre los candidatos a presidente.

El ministro nacional de Seguridad, Aníbal Fernández, había dicho a primera hora del miércoles que los ataques «no son espontáneos», aunque destacó que el Ejecutivo no tiene «datos fidedignos» sobre la autoría intelectual y anunció la creación de un comando unificado para investigar estos hechos.

De esta manera se apartó de las acusaciones vertidas en sus redes sociales por la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien señaló al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, como instigador.

Milei había tratado en sus redes sociales de «trágico volver a ver luego de 20 años las mismas imágenes de saqueos» de 2001, año en que Argentina vivió una gravísima crisis económica y en la que se vivieron escenas dantescas, y resaltó que «pobreza y saqueos son dos caras de la misma moneda» y que «Argentina no resiste más este modelo empobrecedor».

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich, candidata a presidente por la coalición opositora Juntos por el Cambio (centroderecha), subrayó en sus redes sociales la «ausencia» de las autoridades nacionales, como el presidente, Alberto Fernández, o la vicepresidenta, Cristina Fernández, «ante una situación trágica o de desorden».

Bullrch, en una entrevista a TN, sugirió el estado de sitio si el gobierno pierde «total y absolutamente el control».

Además, el dirigente social Raúl Castells asumió la «responsabilidad política» de los saqueos a comercios.