Poco después de las 15:30 de este miércoles se instaló la mesa para analizar la situación del conflicto que tiene movilizados a sectores sociales del municipio cruceño de Buena Vista que demandan el impulso del tramo carretero Santa Cruz – Las Cruces – Buena Vista, encuentro en el que no participa un actor clave en esta situación: la Gobernación de Santa Cruz.

En contraste, los que aparecieron en las últimas horas en busca de tomar parte activa de la situación son dirigentes de las organizaciones sociales del Bloque Oriente del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), con representación del sector campesino y las Bartolinas que salieron a respaldar y a sostener encuentros paralelos con los movilizados.

La mesa se instaló en dependencias de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), en la capital departamental, teniendo como apertura una exposición de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), entidad estatal que defiende el actual trazo del mencionado proyecto carretero.

La pugna

El Gobierno central, a través de la ABC y de ministros como el de Obras Públicas y de Planificación, ha negado que exista una afectación a los acuíferos en el tramo 2, y más bien ha cuestionado que la obra no esté en ejecución, por lo que ha anunciado procesos en contra del gobernador cruceño.

En el otro extremo, no solo la Gobernación (ejecutivo y legislativo), sino algunos concejales del municipio capitalino, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, el Comité pro Santa Cruz, parlamentarios opositores y activistas, se oponen al actual tramo 2, por razones ambientales.

Las acusaciones de intereses económicos, inmobiliarios y de ‘loteamiento’ por parte de sus afines, han ido y venido entre los gobiernos nacional y el departamental, como supuestos argumentos para elegir un trazo distinto para el tramo 2, o para mantenerlo.