Tras la decisión de pobladores de La Guardia de levantar el bloqueo que sostenían exigiendo la construcción de la carretera que conecta a Santa Cruz con Las Cruces y Buena Vista, en este último municipio decidieron radicalizar sus medidas de presión y señalan que no darán ningún cuarto intermedio el fin de semana. Además, señalan que la dirigencia no acudirá a ninguna negociación fuera de esta localidad.
El viernes se cumplió el quinto día de bloqueos que aislaban a Santa Cruz del occidente del país. Ese día la Gobernación cruceña y el Gobierno central hicieron llegar por separado propuestas a pobladores de La Guardia y de Buena Vista, con el objetivo de que se levante la medida de presión.
Cerca de las 20:30, en La Guardia decidieron levantar el bloqueo tenían instalado y dieron 15 días de plazo a las autoridades para que consensuen y den una solución para construir esta carretera. Tras esto, maquinaria pesada comenzó a levantar la arena y escombros que impedían el paso en la carretera antigua a Cochabamba.
Existía expectativa en torno a lo que se iba a decidir en Buena Vista, incluso algunos conductores varados habían encendido sus motores, pues daban por hecho que en este municipio iban a tomar la misma determinación; sin embargo, ocurrió todo lo contrario.
En Buena Vista consideran que La Guardia los traicionó al levantar su bloqueo y ahora determinaron que no otorgarán ningún cuarto intermedio de algunas horas para que avancen los vehículos varados, como lo hicieron jornadas anteriores.
A esto se suma que señalaron que no acudirán a ninguna reunión fuera de este municipio, exigen que cualquier negociación o consenso sea en esta localidad.
El lunes en La Guardia y en Buena Vista iniciaron un bloqueo exigiendo la construcción de la carretera Buena Vista – Las Cruces – Santa Cruz; sin embargo, la Gobernación rechaza que el trazo del segundo tramo pase por Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Guendä – Urubó, donde se encuentran los acuíferos que abastecen a la zona metropolitana cruceña, tema que es rechazado desde la Gobernación, entidad que maneja cinco alternativas.