Al menos cuatro personas fueron citadas a declarar por el caso Golpe I, según expuso el vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Óscar Feeney, quien fue uno de los convocados al Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc).
Las diligencias se extendieron hasta horas de la noche, con la toma de declaración de la hermana del exlíder cívico y actual gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, así como el exsecretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno departamental, Enrique Bruno, quien es primo de la máxima autoridad cruceña.
Martín Camacho, abogado de la familia Camacho, manifestó que se dieron algunas demoras, pero esto se debe a temas administrativos, al igual que había otras personas prestando sus declaraciones por otros procesos ajenos al caso Golpe I.
Más temprano también acudió quien fue fotógrafo de Camacho durante los conflictos y movilizaciones ciudadanas que se registraron entre octubre y noviembre de 2019, mientras que en horas de la mañana también se tenía que tomar la declaración de otras cuatro personas.
Asimismo, este viernes será el turno del hermano menor del gobernador, según confirmó el abogado en puertas de la Delcc
Se declaró en la clandestinidad
Por otro lado, Marco Serrate, quien fue jefe de seguridad del exlíder cívico, también fue citado a declarar, pero en la presente jornada difundió un video en el que se declara en la clandestinidad y remarcando que lo quieren acusar por diferentes delitos.
“Estoy en la seguridad por más de 20 años. He recibido a todos los artistas internacionales, periodistas, empresarios, y ahora simplemente porque trabajé con su oposición me tratan de cerrar las puertas y ahogarme económicamente. Esto ya para mí es una dictadura, cerrar las oportunidades legales al trabajo”, apuntó Serrate.
Al respecto, el abogado de la familia Camacho sostuvo que esta situación muestra la calidad de persecución política que atraviesan las personas que están siendo citadas, ya que el hecho de que un testigo no pueda confiar en la justicia, se sienta amenazado y amedrentado hace advertir que existe una persecución.
“Es una persona más que está siendo perseguida políticamente, que tiene que ausentarse del país porque no cree en la justicia y desde ya entiende que esta declaración es con la única finalidad de perseguir y de montar un caso que ya tiene o que ya está desarrollado en contra del gobernador”, apuntó el jurista.
