La Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Potosí, Gabriela Quintana, informó hoy que, la Comisión de Fiscales que investigó el denominado “Caso Ambulancias” concluyó la etapa investigativa para dar con los responsables de las irregularidades advertidas durante el proceso de adquisición de 41 ambulancias para el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, concluyendo la etapa preparatoria de la investigación con la emisión de dos resoluciones, una de sobreseimiento a favor de cuatro personas y resolución de acusación formal contra cinco personas que fueron investigadas.

En ese sentido, reiteró que el Ministerio Público emitió la resolución de acusación formal por la comisión del delito de Negociaciones Incompatibles en contra del Responsable del Proceso de Contratación (RPC) de la Gobernación, Luis R. L. G., además de los miembros de la Comisión de Calificación y Recepción Jorge P. V. T., Eulogio P. C., Carlos A. A. M. y David F. P. M., que fueron acusados por el delito de Falsedad Ideológica.

“Las resoluciones conclusivas fueron emitidas con base en todos los elementos de convicción recolectados durante la etapa investigativa, elementos probatorios consistentes en declaraciones testificales, informes recabados mediante requerimientos fiscales, prueba documental y prueba pericial. Se emitieron dos tipos de resoluciones; una resolución de acusación formal en contra del responsable del proceso de contratación y contra los miembros de la comisión de calificación y la comisión de recepción. La otra resolución fue de sobreseimiento al no encontrar suficientes elementos probatorios”, expresó Quintana.

La Fiscal, agregó que se emitió la resolución de sobreseimiento para cuatro personas, en el entendido que la Comisión de Fiscales llegó a la conclusión que no se cuenta con los elementos suficientes para fundamentar una acusación con base en la prueba documental, prueba pericial.

“Se ha podido determinar que evidentemente el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí no ha erogado ningún gasto para la adquisición de las 41 ambulancias; consecuentemente, no se tiene un daño económico al Estado, requisito que se requiere para adecuar la conducta al tipo penal investigado, decisión que nosotros hemos asumido de manera responsable, con base en los principios que rigen la labor fiscal, como ser el de Objetividad y Responsabilidad, sin ningún tipo de presión”, dijo.

Las personas con sobreseimiento son la Máxima Autoridad Ejecutiva del GADP, representantes de la Unidad Jurídica y para el responsable del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES).

Las partes que se consideren agraviadas con la resolución de sobreseimiento emitida, tienen el recurso de impugnación ante la autoridad jerárquica; es decir, la Fiscal Departamental, aclaró la Fiscal.

Los representantes de la Comisión habrían suscrito el acta de recepción y conformidad de recepción de las ambulancias el 31 de diciembre de 2021; sin embargo, los motorizados ni siquiera habrían ingresado a territorio boliviano.