El ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó que el Juzgado Cuarto de Instrucción Penal de la ciudad de Santa Cruz ha remitido ya el expediente del caso Fassil a La Paz dándose cumplimiento a una determinación del Órgano Judicial para la unificación de los procesos que se abrieron por irregularidades en la entidad financiera.
Lima remarcó que toda situación de actividad financiera ilegal con la utilización de un banco, una estructura comercial legal o una sociedad anónima con accionistas para realizar actividades fuera de la ley, se entiende como legitimación de ganancias ilícitas por lo que “no era lógico que tengamos dos investigaciones y ese ha sido el motivo de la acumulación”.
Advirtió que en caso de no llevarse en el marco de un debido proceso lo que ocasiona es la nulidad de obrados y se deja en la “impunidad a las personas que han ocasionado esta grave situación”.
Ratifica “contaminación” del proceso
El ministro dijo que cuando se refirió a la palabra contaminación dentro de este proceso investigativo lo dijo al señalar que “la investigación no estaba siendo eficiente”.
“Nuestro objetivo no es detener preventivamente a nadie, es lograr sentencias, y no vamos a lograr esto si contaminamos el proceso y lo llevamos de una manera que no se adecue a la ley de servicios financieros, a la ley Marcelo Quiroga y al Código Procedimiento Penal”, indicó.
Para Lima, no había “en nuestro criterio objetivo” una investigación conforme a esas reglas y por lo tanto “se ha reconducido el procedimiento” llevándolo a La Paz y que tanto el fiscal departamental, Roger Mariaca, como el juez han sido notificados este miércoles.
“El juez ya ha remitido el expediente a la Ciudad de La Paz y el Ministerio Público en este momento está contestando una acción de libertad sobre esta temática. Lo cual significa que tenemos ya el proceso en curso de ser remitido a la Ciudad de La Paz”, apuntó.
Por su parte, el fiscal departamental Mariaca, considera que se ha hecho un trabajo coordinado lográndose la aprehensión de diez personas, incluido el presidente de la entidad financiera intervenida, por lo que se ha hecho una labor responsable y en coordinación con otras instituciones, como la Policía Boliviana.