El magisterio urbano persiste en sus protestas contra el examen de ascenso de categoría que se realizó el 15 de julio, porque consideran que fue diseñado para aplazar a los profesores y así que el Estado se ahorre dinero.     

“Es un examen totalmente fraudulento por parte del Ministerio de Educación, porque hay preguntas ambiguas, preguntas más planteadas”, manifestó el dirigente Ludbin Salazar.

“El trasfondo de la aplicación del examen se ha tornado más político que en medir la calidad educativa y medir y cualificar al docente. Se ha convertido más en un examen totalmente tramposo fraudulento, orientado a reprobar a la mayor cantidad de docentes para ahorrar presupuesto económico del Estado”, agregó.

Como ejemplo, mencionó a la localidad de San Ignacio de Moxos, donde postularon 108 maestros y solamente hay seis aprobados.

En ese marco, pidió que se realice una auditoría mediante requerimiento fiscal, porque así considera que se desnudará la intencionalidad que tenía el Gobierno con este examen.   

Salazar también expresó su repudio a las declaraciones del ministro de Educación, Édgar Pary, quien señaló que se había detectado a maestros realizando “chancullo” en el examen, aunque de todas maneras la prueba se realizó con normalidad.

Acudirá a la justicia 

El dirigente anunció que se presentará una Acción de Cumplimiento para que el Ministerio de Educación cumpla con el ascenso automático que se debería realizar cada cinco años, en virtud a un Decreto.

Argumentó que, al final de cuentas, el ascenso es un “bono de antigüedad” que tienen los maestros para mejorar su calidad de vida.