Tal y como estaba previsto, la tarde de este martes 18 de julio, en una cuarta jornada de movilizaciones, diferentes instituciones y vecinos del municipio beniano de Riberalta enfilan una marcha de protesta exigiendo la libertad irrestricta para los 57 acusados de formar parte de una red de minería ilegal en las aguas del río Madre de Dios.

Este lunes, la justicia determinó la reclusión preventiva de 19 de estas personas en el penal de Villa Busch (Pando), mientras que para las 38 restantes se determinó el arresto domiciliario, situación que genera el rechazo de los colectivos riberalteños, que alegan que estos no son parte de una actividad ilícita.

Las movilizaciones son encabezadas por los miembros de la cooperativa minera Asociación de Balseros (AsoBal) y familiares de los afectados, quienes también instalaron cuatro puntos de bloqueo que tienen aislado al municipio por la vía terrestre.

A esto se suma otra problemática: la situación de los bloqueos trajo consigo falencias en el abastecimiento de combustibles y gas licuado de petróleo (GLP), asunto que tienen movilizado al sector de transporte, principalmente los mototaxistas, que este martes bloquearon las calles de la zona urbana de Riberalta.

Los mototaxistas también se plegaron a las movilizaciones y están alineados con la demanda que hay en torno a los acusados por los presuntos delitos de explotación ilegal de minerales y tenencia, porte y portación Ilícita de armas.

“Vamos a estar en vigilia para que salgan nuestros 19 compañeros detenidos. También demandamos más áreas de trabajo”, expresó la máxima dirigente de Asobal, Elizabeth Coronado, remarcando que puede haber cuarto intermedio a las medidas siempre y cuando se libere a los detenidos.

Al término de la marcha se prevé emitir un voto resolutivo donde se informe respecto a las medidas a seguir, así como también para definir el rumbo de los bloqueos.

Mientras tanto, los sindicados aún se encuentran en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), a la espera de ser trasladados a la cárcel de Villa Busch o al municipio de Riberalta, según cada caso.

En esta línea, los familiares alistan un recurso para que detenidos puedan cumplir sus cuatro meses de reclusión preventiva en algún centro penitenciario del departamento beniano, región en la que se dieron los hechos por los que son acusados.