El Tribunal Supremo Electoral (TSE) requiere al menos 90 días para realizar las elecciones judiciales, afirmó el vicepresidente de la institución, Francisco Vargas.
Explicó que, para lograr desarrollar este proceso, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe entregar la lista de candidatos preseleccionados.
En ese marco, detalló que el órgano necesita 90 días y, dentro de este periodo, están “por ejemplo los 45 días que se requieren para llevar adelante el proceso de difusión de méritos o un plazo mínimo para poder desplegar nuestras brigadas y realizar el empadronamiento masivo de electores”, según dijo Vargas a la red Unitel.
A ello se suma “el plazo técnico que se requiere para todo el proceso de conformación del padrón electoral biométrico”, “quizá el más sensible”, indicó.
“Aún consideramos que sí hay un plazo en el que sí se puede llevar adelante el proceso electoral este año, pero estos plazos se van acortando”, señaló Vargas.
“Estaríamos hablando de que sólo restan 142 días al 3 de diciembre, que es la fecha técnica y legalmente oportuna para llevar adelante la jornada de votación”, señaló.
Consultado sobre si son suficientes 100 días para organizar estas elecciones, el vocal Vargas indicó que el TSE “al menos requiere 90 días para llevar adelante el proceso electoral; sin embargo, hay una serie de plazos legales que están ya determinados en la ley de Régimen Electoral y que son objeto de análisis precisamente en este encuentro”.
Antecedentes
El 27 de abril, el TCP admitió la acción de inconstitucional abstracta presentada por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, en la que pide que se apruebe por dos tercios una ley de convocatoria para el proceso de preselección de candidatos judiciales, como sucedió en 2017.
La primera decisión del control constitucional fue aplicar una medida cautelar que paralizó hasta conocerse una sentencia todo el proceso de preselección legislativa de los aspirantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM).
El oficialismo aprobó la Ley 1513, promulgada el 5 de junio, para evitar nuevas acciones de inconstitucionalidad. La norma prevé que el Legislativo debe realizar en 60 días el proceso de preselección y da al Tribunal Supremo Electoral 100 días para organizar y realizar las elecciones judiciales.
Efecto de la demora de la sentencia del TCP, al interior de la Comisión Mixta de Constitución sugirió la posibilidad de aprobar un nuevo reglamento y convocatoria, pero fue rechazada en votación con el argumento de que es necesario contar con la sentencia constitucional.
El 3 de julio, la presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, la senadora del MAS Patricia Arce, reveló que el 31 de mayo el TCP sorteó la sala que resolverá la acción de inconstitucional abstracta.
Al respecto, la magistrada Karem Gallardo informó el 11 de julio que el TCP tiene hasta fines de julio para emitir su sentencia.
