Un juez determinó la tarde de este martes la detención preventiva para la exalcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, implicada en el presunto favorecimiento a una empresa que implementó el sistema de recaudo en el Wayna Bus, pero que no entró en funcionamiento.

En la  audiencia de medidas cautelares, la Fiscalía presentó los indicios que la vinculan sobre el proceso contra la exautoridad edil y solicitó su detención preventiva, sin embargo, la autoridad jurisdiccional decidió imponer medidas sustitutivas.

La audiencia se desarrollo en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de El Alto en medio de una vigilia instalada por un grupo de seguidores y familiares de la exalcaldesa.   

Gerald Quisbert, abogado de Chapetón, informó que la detención domiciliaria es sin salida laboral, tiene arraigo, el pago de una fianza de Bs 70.000, la prohibición de comunicarse con los otros implicados en el caso, además que deberá acudir cada lunes al Juzgado para marcar en el sistema biométrico.   

“Hemos demostrado que no hay riesgo de obstaculización, que Sole no se va a fugar, es por eso creo que el juez ha tomado esa determinación”, añadió Hugo Rodríguez, esposo de la exburgomaestre.

La defensa de Chapetón aseguró la inocencia de su cliente y señaló que el equipamiento del sistema de recaudo del transporte municipal se adquirió cumpliendo con los procedimientos respectivos, por lo que pidió que se investigue cuándo y dónde se dañaron o dejaron de funcionar.

La exburgomaestre fue aprehendida la tarde de este lunes imputada por la Fiscalía por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

De acuerdo con la denuncia, el sistema de recaudo del Wayna Bus fue licitado, sin embargo, no entró en funcionamiento, lo que evidencia un daño económico de Bs 2,3 millones.

Antes de este proceso, la exalcaldesa ya se encontraba con detención domiciliaria por otros dos procesos, el primero el pago Bs 3 millones a una empresa que no concluyó el embovedado de la avenida Juan Pablo II y otra por presuntamente utilizar dinero del Sistema Único de Salud (SUS) para pagar salarios durante la pandemia del coronavirus.