Este día lunes fue presentado el ‘Anteproyecto de Ley de Creación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención y Lucha contra la Corrupción’ , por el jefe de Estado, Luis Arce Catacora, y propone que las empresas prescindan del secreto bancario de forma voluntaria, planteamiento que asoma en medio de los escándalos en los que se han visto envueltas diferentes autoridades por casos de corrupción.

“Se solicitará de manera voluntaria a las empresas privadas que puedan prescindir del secreto bancario de la cuenta que recibirá recursos de las bolivianas y los bolivianos, recursos del país, de diferentes estratos del Estado, tiene que hacerse el seguimiento sin perjudicar la inversión ni la gestión que realicen las empresas privadas”, apuntó el presidente en conferencia de prensa.

Arce también enfatizó que se respetará a las empresas privadas que no quieran cobijarse a esta medida, conforme a la normativa vigente en Bolivia que asegura la confidencialidad.

En este ámbito, la máxima autoridad del Estado habló de dirigir la ‘artillería’ hacia la prevención y la identificación de cuentas donde se depositen recursos que sean del Estado, más allá de ampliar las sanciones por actos de corrupción de diferente índole en los tres niveles de gobierno.

Asimismo, el presidente detalló que cuando las empresas privadas firmen algún contrato por la adjudicación de obras, se va a solicitar que se abran una nueva cuenta en el sistema financiero cuyo fin será el destino de los recursos que el Estado compromete para la ejecución de dicha obra, es decir, será una cuenta bancaria específica para cada contrato.

Esto significa que cuando las empresas firmen algún contrato también se hará seguimiento correspondiente para ver dónde se efectúan los pagos y la utilización de esos recursos, ya que hay algunas personas que “transgreden las normas para enriquecerse para su beneficio personal”.

El presidente remarcó que esto se llevará adelante a través de una solicitud de manera voluntaria y que no se pretende perjudicar las inversiones o las gestiones que se realizan como empresas privadas.

Al respecto, el senador oficialista William Torrez señaló que se necesitan políticas públicas de lucha contra la corrupción que sean más eficientes y efectivas, ya que una nueva ley o un marco normativo no resuelven el problema de fondo, tal y como ocurre con la problemática del narcotráfico.

Torrez observó que cada semana aparecen autoridades que están siendo denunciadas, aprehendidas e, incluso, detenidas de manera preventiva por actos de corrupción, lo que se entiende como un problema “catastrófico” en el seno del sector público.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, manifestó que una de las pautas a seguir debe enfocarse también en transparentar los recursos de las autoridades y la de sus familiares hasta un tercer grado, exigiendo una declaración jurada no solo para aquellos que sean cargos electos, sino también designaciones de alto rango.

“Algunos dicen: ‘no tengo nada’, pero sus familiares que son hasta menores de edad ya son millonarios (…) Si son servidores públicos no pueden decir ‘no abran mis cuentas’. Que la gente diga cómo se reproduce su patrimonio”, apuntó el burgomaestre, levantando el pulgar para que no haya secreto bancario entre autoridades.