Se aprobaron proyectos de ley departamentales y otro nacional para que las regiones envíen postulaciones para la próxima elección judicial. Se plantearon seis preguntas y una agenda de “unidad” para enfrentar al MAS en los comicios de 2025

A diferencia de los anteriores dos cabildos, con los que se reclamó un censo “oportuno y transparente”, el de anoche no aprobó plazos para llevar adelante paros y otras protestas. Esta vez, la conminatoria fue para que el Gobierno del presidente Luis Arce libere a “los presos políticos” y se encamine la reforma del sistema judicial, calificado de “corrupto”.

A tiempo de cuestionar “los abusos del poder central” y, particularmente de la Policía, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, formuló seis preguntas a los asistentes al cabildo, congregados a los pies del monumento Cristo Redentor. 

“¿Están todos de acuerdo en exigir al gobierno de Luis Arce que instruya y viabilice la aprobación de una ley de amnistía de un plazo no mayor de 30 días que determine la liberación de Luis Fernando Camacho y de todos los presos políticos de Bolivia?”, señala la primera parte de la quinta pregunta. Y continuó: “¿En caso de incumplimiento, están todos de acuerdo en comprometerse a impulsar activamente un proceso constitucional para revocar el mandato del presidente Luis Arce Catacora a partir de mayo próximo, por constituir su Gobierno un régimen dictatorial y antidemocrático?” La respuesta fue un “sí”.

De acuerdo con la Constitución Política del Estado, la revocatoria de mandato, así como cualquier otra iniciativa legislativa ciudadana, se pone en marcha con el respaldo explícito del 20% del padrón electoral. En este caso, se requieren de 1,5 millones de firmas para promover esa consulta ciudadana. Además, para que proceda el trámite, debe haber transcurrido más de la mitad del mandato de la autoridad electa a ser revocada.