Chile y Bolivia firmaron este viernes un histórico acuerdo en materia de control migratorio y seguridad fronteriza, un esfuerzo de cooperación que trata especialmente los casos de retorno o reingreso de personas migrantes irregulares a ambos países.

Según difundieron las autoridades, el pacto abarca tanto a ciudadanos de Chile y Bolivia como de terceros países, y establece nuevas medidas para gestionar el ingreso irregular de personas a ambos territorios. A su vez, ambos Estados suscribieron convenios orientados a combatir el contrabando y regular el tránsito de habitantes en zonas limítrofes.

Antes de este acuerdo, Bolivia no permitía el retorno o reingreso de migrantes desde territorios ajenos, lo que generaba un vacío en la gestión del flujo irregular de migrantes. Con la entrada en vigencia del nuevo acuerdo, tanto Chile como Bolivia se comprometen a aceptar el retorno de sus ciudadanos y de migrantes de terceros países.

En la práctica, si Carabineros o el Ejército chileno detecta a un ciudadano boliviano o extranjero dentro de los 10 kilómetros desde la frontera hacia el interior de Chile, la persona será trasladada a la Policía de Investigaciones (PDI), que se encargará de entregarla a las autoridades bolivianas para gestionar su retorno, previa realización de un registro biométrico.

El pacto se suma a medidas impulsadas desde el inicio de 2023, cuando el Congreso chileno aprobó el despliegue de tropas en la frontera para hacer frente a la ola migratoria irregular que ingresaba principalmente por pasos no habilitados, además del refuerzo tecnológico en distintos niveles.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1978, debido a la reclamación boliviana del acceso soberano al océano Pacífico perdido en una guerra librada a finales del siglo XIX.

Las relaciones se tensaron cuando en 2013 Bolivia llevó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya su reclamación marítima para que Chile negociara de buena fe el acceso soberano al océano Pacífico.

En 2018, la CIJ determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar con Bolivia, aunque las autoridades bolivianas entienden que la sentencia no supone un impedimento para que haya un diálogo.

Las autoridades chilenas y bolivianas se han reunido en varias ocasiones desde el año pasado para cooperar en materia de migración y seguridad.

En total, hay 1,4 millones de migrantes en Chile, lo que equivale a más del 7 % de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.