El capitán Marco C., quien era ayudante del general Juan José Zúñiga, decidió someterse a proceso abreviado y aceptar una condena judicial por los hechos del 26 de junio, bajo el argumento de que quiere poner fin a esta “pesadilla” que sufre por el impacto que ha tenido en su familia.

En su solicitud, el capitán señaló que estos dos meses fueron los peores de su vida, puesto que se encuentra encarcelado y su familia vive circunstancias dolorosas.

De acuerdo con la documentación, el militar acepta la comisión del delito de Alzamientos Armados en grado de complicidad, con una pena de tres años de cárcel. Se trata de una condena que le permitiría salir de la cárcel bajo la figura de suspensión condicional.  

Aseveró que sería absuelto en caso de enfrentar un juicio oral, pero prefiere estar con su familia, puesto que tiene bajo su dependencia a dos menores de edad y a sus padres que son personas de la tercera edad.

En su escrito, señaló que sus familiares no merecen este “suplicio”.

“A objeto de evitar circunstancias de incertidumbre y desesperación, con todo respeto me acojo a la figura jurídica de procedimiento abreviado, renunciando al juicio oral, público y contradictorio y así poner fin a mi pesadilla”, afirmó.

Su abogado, Eusebio Vera, negó la responsabilidad del capitán en los planes de Zúñiga ese 26 de junio. Dijo que el ayudante se limitó a llevar el maletín del entonces general, sin que éste le informe cuáles eran los motivos de sus acciones en esa fecha. 

Según su abogado, el 26 de junio el capitán pensaba que realizarían alguna reunión de rutina y nunca pensó que iba a constituirse a la plaza Murillo.

Pese a que sus acciones pudiesen no configurar un delito, el abogado señaló que el capitán decidió estar con sus familiares, dado que están atravesando una crisis psicológica con su detención.

Explicó que la pena menor por el delito de Alzamientos Armados es de cinco años, pero al ser en grado de complicidad se bajó a tres en el acuerdo con la Fiscalía.

Informó que están a la espera de una notificación, para que el acuerdo de proceso abreviado sea considerado por un juez y se otorgue la condena.