Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron un pronunciamiento conjunto en el que manifiestan “un rechazo categórico” a lo expuesto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que ratificó la victoria de Nicolás Maduro.
Los países que piden una auditoría al proceso electoral, señalan que el TSJ “pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral”.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por magistrados afines al chavismo, según opositores, confirmó este jueves los resultados oficiales que proclamaron a Nicolás Maduro como ganador.
Los Gobiernos de los 11 países que se pronunciaron este viernes, antes ya habían manifestado el desconocimiento de la validez de la declaración el CNE, luego que “se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial”, y no se dio la publicación de las actas -hasta la fecha- y una posterior negativa a realizar una auditoría.
Los países que suscriben el comunicado resaltan que “solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular” y la democracia en Venezuela.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, manifestó que la UE no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela hasta que no se entreguen y puedan ser verificadas las actas electorales.
“Mientras no veamos un resultado que sea verificable no lo vamos a reconocer”, ha recalcado el jefe de la diplomacia europea, que se ha expresado así después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela haya ratificado a Maduro como presidente, dando por buenos los resultados que difundió el Consejo Nacional Electoral pese a no aportar las actas electorales, como reclama la comunidad internacional.
Asimismo, expresan su profunda preocupación y rechazo por las violaciones a los derecho Humanos perpetradas contra los ciudadanos que pacíficamente reclaman el respeto al voto de la ciudadanía y el restablecimiento de la democracia.
