A través del Decreto Supremo 5200, las sociedades comerciales en Bolivia están ahora obligadas a informar al Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) sobre los accionistas finales que controlan las empresas. Esta medida, implementada con el objetivo de prevenir el lavado de dinero, exige a las empresas proporcionar detalles precisos sobre sus beneficiarios finales, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 17 del Decreto Supremo N° 4904 del 5 de abril de 2023.

El decreto, promulgado la semana pasada, establece un marco legal para la recopilación de información detallada sobre las personas naturales que, directa o indirectamente, poseen o controlan una empresa. Según la normativa, se considera beneficiario final a cualquier persona que posea un 20 por ciento o más de las acciones de una sociedad, o que ejerza control sobre la misma por otros medios. En ausencia de un accionista mayoritario identificable, el decreto señala que la persona en el puesto gerencial de mayor rango será considerada el beneficiario final.

El incumplimiento de esta normativa será sancionado por la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), en conformidad con la Ley 685 de 2015, que regula el proceso de reestructuración y liquidación voluntaria de empresas. Además, el Seprec deberá reportar a la AEMP cualquier falta de declaración o actualización de la información sobre los beneficiarios finales, lo que podría derivar en penalidades para las sociedades comerciales infractoras.

De acuerdo con expertos en temas legales y tributarios, este nuevo decreto aprobado el miércoles 14 de agosto busca fortalecer el trabajo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), entidad bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al proporcionar una herramienta para identificar a los beneficiarios finales de las empresas, incluyendo aquellas que operan bajo estructuras complejas o poco transparentes.

A nivel internacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda que los países implementen medidas eficaces para prevenir el uso indebido de las personas jurídicas en actividades de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. En línea con estas recomendaciones, Bolivia busca asegurar que la información sobre los beneficiarios finales de las empresas sea precisa, oportuna y accesible para las autoridades competentes.