Un grupo de juristas de alto nivel internacional presentó este fin de semana ante la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia contra el presidente Nicolás Maduro, acusándolo de crímenes de lesa humanidad. Los juristas solicitaron que la Fiscalía emita órdenes de detención y comparecencias forzosas, en el marco de las facultades que confiere el Estatuto de Roma.

La información fue dada a conocer la noche del domingo por Orlando Viera-Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá, quien, a través de un mensaje en sus redes sociales, aseguró a los venezolanos que no están solos.

«Es un orgullo informarles que, además de los pronunciamientos que hemos conocido esta semana por importantes organismos multilaterales, ahora se suma un grupo de juristas de primer nivel internacional, incluidos magistrados, jueces, funcionarios, diplomáticos y abogados con práctica ante la CPI, quienes han solicitado al fiscal de esta corte que se emitan medidas coercitivas, órdenes de detención y comparecencias forzosas en virtud del Estatuto de Roma», expresó Viera-Blanco en su mensaje.

El exembajador también destacó que a esta acción se ha unido un pronunciamiento directo del fiscal de la CPI, Karim Khan, quien instó a Nicolás Maduro y al régimen de Caracas a cesar la represión que ha caracterizado su gobierno.

Viera-Blanco subrayó que este llamado se suma a las declaraciones y acciones emprendidas por organismos internacionales, como el panel de expertos de las Naciones Unidas, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Misión Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que han exigido con urgencia la restauración de la libertad y la democracia en Venezuela.

Desde su asilo en Canadá, Viera-Blanco afirmó que la comunidad internacional ha brindado un apoyo significativo al pueblo venezolano en su lucha por la libertad, destacando que la llamada «revolución de las orquídeas» es una evidencia de que el camino hacia el cambio es irreversible.

Además, expresó que se espera que pronto se obtengan decisiones judiciales de peso en el ámbito de la justicia penal internacional, ya que la situación en Venezuela ha sido debidamente documentada y presentada ante la CPI, lo que podría llevar a importantes resoluciones que responsabilicen a los líderes del régimen por sus crímenes y represiones.

La denuncia, presentada en el marco de la investigación conocida como ‘Venezuela I’, expone que los crímenes cometidos contra la población venezolana no son incidentes aislados, sino parte de una estrategia deliberada impulsada desde las altas esferas del gobierno.

Nicolás Maduro está siendo monitoreado por la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan. A través de su página web, la oficina del fiscal ha informado que ha evaluado de manera independiente los informes sobre la situación en Venezuela.

La Sala de Apelaciones de la CPI rechazó el 1 de mayo un recurso presentado contra la investigación abierta en noviembre de 2021, en la que Nicolás Maduro es el principal denunciado. En aquella ocasión, Maduro negó la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, alegando que se trataba de «un puñado de incidentes» que están siendo investigados por la justicia del país.