Desde la Cámara Nacional de Industrias (CNI) tienen las alertas encendidas debido a la aparición de nuevos casos de avasallamiento de tierras que golpean a productores de diferentes regiones, al igual que los constantes bloqueos que se dan en las carreteras del país, remarcando que este escenario implica una alta inseguridad jurídica que ahuyenta inversiones.

“Los avasallamientos y bloqueos generan un escenario de alta inseguridad jurídica para el desempeño de las empresas y ahuyentan a las inversiones nacionales y extranjeras reflejando una imagen de país de alto riesgo”, reza el reporte emitido este jueves por la entidad que aglutina a los actores del sector industrial.

En el comunicado también expresan su rechazo y repudio a estos actos que estrangulan a las empresas y que tienen en vilo a los productores, que en muchos casos se encargan de proveer materia prima al sector industrial.

“Las pérdidas por bloqueos superan a nivel nacional los $us 50 millones por día y los avasallamientos de tierras vulneran el derecho a la propiedad privada consagrada en la Constitución Política del Estado generando un estado de zozobra entre los empresarios que apuestan por el país”, remarca el reporte.

La entidad industrial exhortó a las autoridades nacionales y subnacionales a hacer prevalecer el estado de derecho sancionando a avasalladores y bloqueadores en el marco del sistema jurídico vigente.

Según datos de la CNI, en los últimos 14 años (2010 al 2023) se realizaron más de 2.400 bloqueos en carreteras en el área rural y urbana del país, equivalente a la pérdida de producción de 3 años del producto interno bruto.

En este contexto, la CNI sacó a relucir que manteen la propuesta de un proyecto de ley que modifique el Código Penal tipificando los bloqueos que atenten contra la seguridad y funcionamiento de servicios públicos o que obstruyan vías públicas que atenten contra la vida y salud de la población, con penas privativas de libertad de hasta 8 años.

Asimismo, los industriales de Bolivia piden al Legislativo viabilizar la propuesta de sanción penal a los bloqueadores para evitar un mayor deterioro de la economía nacional, de las familias afectadas y de la sostenibilidad de las empresas.