El viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, Raúl Mayta, advirtió que el actual marco impositivo del sector de hidrocarburos en Bolivia podría llevar a una caída drástica en los ingresos por impuestos y regalías si no se ajusta para atraer inversiones privadas. Mayta subrayó la importancia de revisar también los precios subvencionados del mercado interno para evitar un colapso económico.

“Un marco normativo que tenemos que abordar y sentarnos a discutir como bolivianos es el tema regalitario e impositivo que tenemos en nuestro país, que es bastante fuerte. La renta petrolera llega al 80 por ciento, eso es demasiado elevada si tenemos a países como Brasil y Argentina donde no supera el 50 por ciento”, manifestó Mayta.

El Viceministro enfatizó en que mantener el 80 por ciento de renta petrolera en un contexto de producción decreciente resultaría en ingresos nulos en el futuro. “Si hoy mantenemos el 80 por ciento, el día de mañana cuando esta producción caiga va a ser el 80 por ciento de cero”, agregó.

Además, Mayta señaló la necesidad de revisar la política de precios del mercado interno sin afectar a los sectores más vulnerables de la población. “La demanda del mercado interno ha crecido. Hoy hablamos de tres veces más de lo que consumíamos en 2006”, afirmó.

El analista en hidrocarburos Álvaro Ríos respaldó las declaraciones de Mayta, destacando la urgencia de reducir impuestos y aumentar los precios internos. “O se bajan los impuestos y se suben los precios en el mercado interno o nos quedamos importando toda la energía a precios internacionales. Estamos en una encrucijada y no hay una salida tibia; hay una salida dolorosa”, sentenció Ríos.

Criticó la falta de acción gubernamental durante la última década, aludiendo a las políticas implementadas tras la revuelta de 2003 y la nacionalización de los hidrocarburos. “Lo que hicimos con la revuelta de 2003, el IDH y la nacionalización fue pan para el día y pobreza para el mañana. Nos volvimos nacionalistas, estatistas y nos viene la realidad muy cruda”, expresó.

El investigador del sector energético de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez coincidió con las opiniones de Mayta y Ríos, subrayando que hace 15 años se viene alertando sobre la necesidad de estos cambios. “Al transcurrir 18 años de esa política hidrocarburífera, ya vemos los malos resultados que ha dado”, señaló Velásquez, advirtiendo que cualquier modificación no generará resultados inmediatos, sino en un plazo de 10 a 15 años.

Velásquez desglosó el marco impositivo actual: regalías departamentales del 11%, regalía nacional del 1%, 6% para el TGN, 32% para el IDH, una participación promedio del 20% de YPFB en las ganancias, además de IVA, IT e IUE, sumando un 81% de renta petrolera. Esta estructura, según Velásquez, hace poco atractiva la inversión extranjera.

Asimismo, alertó sobre el impacto fiscal de las subvenciones internas, señalando que estas crean “un hueco fiscal enorme para el TGN” y abogó por su reducción.

Datos de reservas de gas de dos años

El viceministro Raúl Mayta indicó que existe la estrategia de presentar las certificaciones de reservas de gas del 2022 y 2023 juntas para que haya una “corroboración de datos y validación”. Indicó que le corresponde a YPFB establecer cuándo se harán públicos los datos, pese a que la norma fijaba el 31 de marzo como fecha límite.

El funcionario añadió a los periodistas que los gobiernos pasados mintieron sobre las reservas, inflándolas. “Hemos visto que esto ha sido artificial y ha sido fabricado, y no coincide con los datos reales de producción que hemos tenido”.