En un esfuerzo ambicioso por transformar la matriz energética, el Gobierno nacional se ha propuesto un objetivo monumental: sustituir el 100 por ciento de las importaciones de diésel fósil, insumos y aditivos de gasolina para el año 2050. Este plan, desarrollado en estrecha coordinación con el sector privado, es un paso crucial hacia la independencia energética del país y la protección del medioambiente.
Sin embargo, expertos consideran que, para alcanzar esta meta, se deben abordar tres aspectos fundamentales: la actualización del marco normativo, la identificación de materias primas alternativas para la producción de biocombustibles y el apoyo incondicional del sector privado.
El marco normativo
La necesidad de un marco normativo actualizado es el primer y más crucial paso para avanzar en el programa de biocombustibles de Bolivia. Según el Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE), esta recomendación surgió del Foro de Transición Energética Bolivia 2050, donde se discutieron los elementos claves para desarrollar biocombustibles en el país.
La actualización de la Ley 1098 es esencial para garantizar un desarrollo gradual y sostenido de los biocombustibles hasta 2050, con el objetivo final de establecer una bioeconomía robusta. Este marco debe proporcionar incentivos adecuados y un entorno regulatorio favorable para atraer inversiones y fomentar la innovación en el sector, señala las recomendaciones del foro.
Gas, fuente clave
El viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, Raúl Mayta, enfatizó la importancia del gas como una fuente clave de energía y recursos económicos. “Invertir adecuadamente en el gas permitirá dar pasos acelerados hacia una transición justa y eficiente”, afirmó Mayta.
Para 2025, se proyecta la necesidad de mejorar las condiciones económicas, legales, administrativas y operativas para la ejecución de actividades de exploración y explotación. Hacia 2030, Bolivia pretende optimizar su posición a nivel regional como un país atractivo para las inversiones en hidrocarburos, con políticas de regalías e impuestos sostenibles y equitativas. La adopción de estas medidas es vista como un paso crucial para asegurar un suministro energético sostenible y confiable, impulsando así el crecimiento económico y la estabilidad del país.
