El Tribunal Supremo de Brasil ha logrado este martes formar mayoría para despenalizar la posesión de marihuana para consumo personal, si bien a partir de ahora pasará a ser una infracción administrativa.

La decisión –que ha contado con el aval de ocho de los once jueces– no supone que el tribunal legalice o autorice el consumo de marihuana, sino que su posesión pasa de delito penal a falta administrativa.

Los jueces aún no han establecido qué cantidad determinará la diferencia entre consumidores y traficantes, pero estaría en torno a los 40 gramos, llegando así al promedio de las propuestas de los jueces. Este miércoles, el Supremo hará finalmente el anuncio, momento desde el cual la nueva normativa estará vigente.

Los jueces deliberan sobre la constitucionalidad de un punto de la ley sobre drogas que no establece claramente los criterios para definir quién es usuario y quién narcotraficante, lo que en la práctica son otros organismos quienes toman esa decisión, con amplia disparidad entre unos casos y otros.

El juez del Supremo José Antonio Dias Toffoli cree que «ningún consumidor de ninguna droga puede ser criminalizado» y si bien reconoce que «fijar la cantidad no soluciona el problema», aboga por que el Congreso elabore nuevas leyes para luchar contra el narcotráfico y con perspectiva de salud para los consumidores.

Después de la intervención de Dias Toffoli, el presidente del Supremo, Luis Roberto Barrosso, ha recordado que el consumo de lugares públicos sigue siendo ilegal y ha insistido en que el tribunal no está legalizando su uso.

Este debate ha sido interrumpido hasta en cuatro ocasiones desde que comenzó en 2105 después de que un ciudadano que tras ser condenado por llevar drogas alegó que esto no suponía un ataque contra la salud pública, sino contra la suya.

Hace unas semanas, en vistas de que el Supremo iría a despenalizar el consumo de marihuana, el sector más conservador del Congreso presentó una propuesta de ley para catalogar como crimen la posesión de cualquier tipo y cantidad de droga. Aprobada ya por el Senado, está siendo ahora tramitada por la Cámara de Diputados.