Este viernes, dos importantes sectores de la sociedad cruceña salieron a las calles para manifestar sus demandas. Por un lado, los gremiales marcharon en contra del proyecto de ley 280 de “Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”, mientras que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) se movilizó para rechazar el traspaso de fondos de pensiones a la nueva Gestora Pública.
Desde tempranas horas de la mañana, distintas asociaciones gremialistas se congregaron en la plaza del Cementerio con pancartas y estribillos que mostraban su rechazo a la polémica norma que criminaliza la protesta. Pasadas las 9:00, la marcha partió rumbo a la plaza principal 24 de Septiembre.
El dirigente gremial Edgar Álvarez señaló que su sector se encuentra en emergencia a nivel nacional y anunció que en otros departamentos se llevarán a cabo diferentes actividades, incluyendo bloqueos y marchas durante esta jornada para exigir el retiro y anulación del proyecto de ley.
Por su parte, la Uagrm también se movilizó para rechazar la creación de la Gestora Pública y el traspaso de fondos de pensiones. La comunidad universitaria exigió que se garantice la protección de los ahorros de los trabajadores y se respete su derecho a decidir sobre el destino de sus recursos.
Tanto el plantel docente, administrativo y estudiantil de la Uagrm como otros sectores que se oponen al inicio de operaciones de la Gestora Pública en el país se concentraron en el ‘curichi’ de la Facultad de Humanidades de esta casa superior de estudios y partieron cerca de las 10:00 hacia la plaza 24 de Septiembre. El líder indígena Marcial Fabricano también participó de la movilización.
Manfredo Bravo, vocero de la Uagrm, señaló que el objetivo de la marcha es «rechazar la forma en que se ha organizado la Gestora Pública para administrar nuestros recursos».
Agregó que se han detectado numerosas irregularidades en su composición, como la falta de un directorio y la designación a dedo del presidente y gerente. Además, observó que los recursos, de acuerdo a la ley, están destinados de manera prioritaria a empresas públicas, muchas de las cuales son deficitarias.
