La tarde de este miércoles, Chávez señaló a los medios de comunicación que de acuerdo con el artículo 286, del Código de Procedimiento Penal, le corresponde denunciar un hecho delictivo del que tuviera conocimiento, ante el Ministerio Público, para que investigue el presunto delito.
“La Procuraduría General del Estado tiene un mandato constitucional de promover y precautelar los intereses del Estado. En este caso, estamos hablando de una situación gravísima, que se ha dado afectando a niños y jóvenes en la ciudad de La Paz y Cochabamba (…) Obliga al Estado a tomar todas las medidas para la investigación de estos hechos y, en caso de no hacerlo, puede ser catalogado como responsable a nivel internacional”, manifestó.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en la que manifiesta su rechazo a las agresiones sexuales denunciadas.
“La Defensoría del Pueblo expresa su total repudio ante tales hechos y manifiesta su alta preocupación sobre el estado de indefensión de las víctimas, quienes pasaron largos años sin recibir el apoyo profesional necesario y la justicia, que seguramente anhelan”, publicó en sus redes sociales.
Del mismo modo, la institución señaló: “La Defensoría del Pueblo abre sus puertas a las víctimas de estos sucesos, a fin de brindarles contención, protección a su identidad, orientación y acompañamiento para el cumplimiento del debido proceso. No están solos en su búsqueda de justicia y reparación”.
Por otro lado, la Defensoría exhortó a las autoridades eclesiásticas nacionales a: “aplicar medidas de prevención, y extremar esfuerzos para evitar que niñas, niños y adolescentes se vean expuestos al peligro de sufrir una agresión sexual en instituciones de acogida o educativas”.
Entre tanto, la diputada Estefanía Morales pidió el arraigo y la consecuente alerta migratoria contra los ocho sacerdotes jesuitas suspendidos, supuestamente comprometidos en la protección de Pedrajas, de quienes Morales pidió: “puedan ser juzgados por este proceso, en el grado de complicidad”.
“Como Iglesia condenamos estas acciones, nos solidarizamos con las víctimas que han sufrido hechos de abuso sexual, les pedimos perdón, y les manifestamos que compartimos su sufrimiento y decepción por estos graves hechos que han marcado sus vidas y han sido causa de profundo dolor. Nos comprometemos a brindarles apoyo, reafirmando nuestro compromiso fraterno de escucha y acompañamiento”, señala el comunicado de la Conferencia Episcopal Boliviana, que se pronunció sobre este caso.
