Los gremiales del país retomarán este martes las marchas y protestas en varias ciudades del país para exigir una solución a la falta de dólares, pero también la abrogación del Decreto Supremo 4732, que regula prácticas comerciales abusivas. Desde el Ejecutivo aseguraron que esta norma ya tiene dos años de vigencia y que no afecta la propiedad privada.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, señaló que la citada norma está vigente hace dos años y aseguró que hasta ahora ningún boliviano tuvo que acudir al Ministerio de Justicia para “pedir permiso” antes de comercializar sus bienes inmuebles, según el reporte de Unitel.

“Dos años que tiene vigencia este decreto supremo y yo pregunto a todos los bolivianos, ¿qué boliviano o qué boliviana, para vender o para comprar su casa ha tenido que ir a pedir permiso al Ministerio de Justicia? No vamos a encontrar ni una porque el decreto supremo no obliga, no orienta a ese tipo de acciones”, dijo Silva a la prensa en Tarija.

Silva dijo que la norma “no es nueva y está orientada precisamente a proteger como Estado a la población boliviana que pueda adquirir un bien inmueble bajo la modalidad de la preventa”.

“Sin embargo, en los últimos días y semanas, ha sido utilizada como una bandera, como un instrumento por parte de la oposición, tanto de la bancada de radicales que tiene el Movimiento Al Socialismo (MAS), como también de políticos opositores, indicando que este decreto supremo obliga a las personas a pedir autorización para la compra o venta de una casa al Ministerio de Justicia. Eso es absolutamente falso”, aseveró.

“El decreto supremo protege de las cláusulas y las prácticas comerciales abusivas, pero jamás obliga a los bolivianos a pedir autorización para la venta o compra de su casa”,  indicó.

El sector gremial exige la abrogación del Decreto Supremo 4732 y de la resolución normativa 1021 referida a la facturación electrónica (aunque el sector no factura porque está incluido en el Régimen Simplificado), y el archivo del proyecto de ley 145/23 presentado por el senador Félix Ajpi que facultaría a las alcaldías a ejecutar decomisos de mercancía de contrabando en zonas secundarias, entre ellos mercados.

El sector gremial tiene previsto marchar este martes en Potosí, Tarija y Oruro.

El decreto fue puesto en vigencia en julio de 2022 y tiene el fin de frenar las cláusulas y prácticas comerciales “abusivas” en contratos de preventa de bienes inmuebles, cuyo cumplimiento está bajo tuición del Ministerio de Justicia, cartera de la que depende el Viceministerio de Defensa del Consumidor.

El decreto establece que los contratos sobre venta futura, venta con reserva de propiedad u otras modalidades conocidas comúnmente como preventa están normados y “en forma previa a la suscripción de los mismos, deberán contar obligatoriamente con la certificación de no contener cláusulas abusivas, misma que será emitida por el Ministerio de Justicia y Transparencia”.