La noche del jueves, la justicia boliviana dictó seis meses de detención preventiva para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por su presunta implicación en los 36 días de paro en el departamento cruceño entre octubre y noviembre del 2022, en protesta por la realización de un Censo de Población y Vivienda transparente.

La determinación fue tomada por el juez primero de Instrucción Anticorrupción, Helmer Laura, en una maratónica audiencia que duró un poco más de ocho horas. Un día antes, esta misma autoridad dispuso ampliar por otros cuatro meses la detención de Camacho dentro del caso «Golpe I».

«Determinamos que, por el momento, el señor Luis Fernando Camacho deberá mantener una detención preventiva en el penal de Chonchocoro por el tiempo de seis meses que había solicitado el Ministerio Público y las demás instituciones», sentenció Laura.

Camacho es investigado por varios delitos, entre ellos: terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa, desórdenes o perturbaciones públicas.

A pesar de que otros líderes cruceños que formaron parte del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, como Rómulo Calvo, Vicente Cuéllar, Reinerio Vargas y José Luis Santistevan, también fueron denunciados, el gobernador cruceño es el único imputado en este caso.

En la audiencia virtual, Camacho se presentó con un traje de color claro y lució la banda verde, blanco y verde, que simboliza su cargo de gobernador de Santa Cruz.

Durante el uso de la palabra, el gobernador solicitó el respeto hacia el pueblo de Santa Cruz, luego de que un abogado de la parte acusadora se refiriera despectivamente a los participantes del cabildo del millón y medio de ciudadanos, donde se decretó el paro de 36 días, llamándolos «muchedumbre».

“Fue un millón y medio de personas, que, si bien no las convoqué yo, y tampoco participé de las preguntas y de la tarima, y estuve abajo, el pueblo merece respeto, porque el precio de estar ahí es la cárcel que me ha tocado”, dijo Camacho.

Este 30 de abril se cumplirán cuatro meses de la detención preventiva del gobernador en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, por el caso «Golpe I». Sin embargo, en audiencias recientes, se le impusieron otros cuatro meses por este caso y seis meses por su presunta responsabilidad en el paro de 36 días. 

Con estas nuevas decisiones, su situación se vuelve aún más complicada. Además de estos dos casos, Camacho también enfrenta cargos por la supuesta compra irregular de un carro de bomberos y por el polémico Decreto Departamental 373.