La gerente general de la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), Patricia Vargas, dijo que hubiese sido necesario que el gobierno central escuche cómo se encuentra el sector privado y las condiciones en la que está actualmente.

«Nos sentimos discriminados al no ser tomados en cuenta en la negociación para decidir un incremento que afecta directamente a la salud económica de las empresas en el actual escenario económico que vive el país», advirtió.

Para el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, en los últimos años los incrementos salariales estuvieron determinados por factores políticos y no económicos, dejando de lado en la negociación salarial al sector privado, a pesar que es un importante generador de ingresos fiscales y de fuentes de empleos.

El economista mencionó que, entre el 2010 y 2023, se observa que estuvieron por encima de la tasa de crecimiento y la tasa de inflación anual, siendo que lo indicado por la ciencia económica es que sean en la misma cuantía de los anteriores para mantener el poder adquisitivo de los salarios.

Vargas insistió que el Gobierno no debería ponerse en el rol del sector obrero y más bien tiene que garantizar medidas por la buena salida económica de las empresas privadas.

«Este incremento salarial se acordó cuando Tarija se encuentra en una fase de recuperación económica tras años de decrecimiento y estancamiento», aseveró la gerente de la FEPT.