Un estudio elaborado por el Centro de Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) estableció que en el año 2020 los ingresos por exportación de cocaína “estarían entre el 26% y el 41,3% de las exportaciones legales, dependiendo del precio de comercialización en frontera”. Eso, en dinero equivale a un rango de entre 1.843 millones de dólares y 2.880 millones de dólares, puesto que las exportaciones legales de aquel año fueron de 6.974 millones de dólares.

El estudio, que titula “Economía del narcotráfico: desinstitucionalización y políticas en Bolivia”, fue elaborado por el investigador Carlos Arze y será presentado la noche de este martes en La Paz.

Una nota de prensa del CEDLA, distribuida para anunciar la presentación del estudio, establece que los eslabones nacionales vinculados a la producción y el tráfico de cocaína “podrían obtener ingresos por 835 millones de dólares” que, según Arze, estarían circulando en el país, aunque los datos difieren de una fuente a otra.

El especialista afirma que el narcotráfico, junto a otras actividades ilícitas como el contrabando y la minería ilegal, son las que mantienen a la economía boliviana con cierta estabilidad. “Sin embargo, esta actividad ilícita no sólo tiene implicaciones en la economía, sino también en la política y la sociedad bolivianas, además de producir efectos en otras actividades legales e ilegales con la intención de borrar sus huellas”, señala el reporte.

¿Cómo ha sido posible que los ingresos lleguen a esta magnitud? Mucho tiene que ver con las políticas implementadas por los diferentes gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) desde el 2006. Desde ese año, la política estatal sobre el narcotráfico cambió su orientación “por una con ‘soberanía’ y ‘participación social’, que buscaría revalorizar la hoja de coca, estabilizar la superficie del cultivo y encarar la lucha contra el narcotráfico mediante acuerdos con la comunidad internacional”, afirma Arze.

Un ejemplo de las políticas aplicadas es la Ley de la Coca aprobada en 2017 que elevó en 83% la extensión de las zonas autorizadas para el cultivo de la hoja de coca (se pasó de 12.000 hectáreas a 22.000 hectáreas). Es decir, que con esta ley se “legalizó” la producción en 10.000 hectáreas nuevas: 7.700 ha en el trópico de Cochabamba y 2.300 ha en los Yungas de La Paz. Esto generó que la producción legal de coca en 2021 sea 2,1 veces mayor a lo que el mercado nacional requiere para el consumo lícito o tradicional.

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre 2006 y 2023 el 93% de la coca producida en el Chapare y el 19% de lo producido en los Yungas no se comercializó en el mercado legal. Al respecto, el investigador del CEDLA señala que esos volúmenes “tienen un destino que no se conoce, presumiblemente un uso ilegal para la producción de droga”.

Asimismo, el estudio indica que las políticas públicas han demostrado un rotundo fracaso en su intento por abordar el problema del narcotráfico en Bolivia. A pesar del aumento considerable del presupuesto destinado a estas políticas, la ineficacia y la corrupción han minado la posibilidad de impactar de manera significativa a los grupos de narcotraficantes, que han fortalecido sus lazos con cárteles internacionales.

La estrategia de interdicción tradicional ha sido inefectiva, mientras que los intentos de implementar proyectos de desarrollo alternativo han sido insuficientes para reducir la oferta de coca ilegal, lo que ha llevado a un empoderamiento de las élites sindicales en las regiones productoras, exacerbando la situación, indica el CEDLA.

En esta perspectiva, Carlos Arze subraya que la economía del narcotráfico se desenvuelve en un modelo de modernización peculiar que el régimen del MAS ha promovido en el país, apoyado en un discurso culturalista que pretende ser contrario al capitalismo tradicional, pero que en la práctica ha reforzado un patrón de acumulación primario exportador.

“Este modelo ha permitido la consolidación de un capitalismo salvaje que combina la presencia de capital extranjero en sectores estratégicos con el empoderamiento de clases rentistas”, afirma el investigador. Un modelo que incluye sectores como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, que han encontrado en la pasividad oficial, e incluso en la complicidad, un terreno fértil para su operación.

Esta combinación de factores ha contribuido al fracaso de las políticas públicas y ha incentivado la ilegalidad, perpetuando así el problema del narcotráfico en Bolivia.