En medio de los anuncios de protestas y movilizaciones contra Decreto Supremo 5143 con la cual el Gobierno busca la digitalización de los registros de Derechos Reales, el presidente Luis Arce dejó su aplicación en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) interpusieron un recurso ante ese tribunal con el objetivo de que se pronuncie sobre su legalidad. Opositores y evistas advirtieron que la norma afecta a la propiedad privada, una versión que fue descartada por el Gobierno.
Sin embargo, en su momento, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, admitió que la “socialización” de la norma no fue suficiente.
“Hemos visto en los medios de comunicación, se han presentado algunos recursos para que sea el Tribunal Constitucional el que pueda manifestarse al respecto”, indicó el mandatario boliviano.
Arce descartó una posible afectación a la propiedad privada. “Bueno, pues, esperaremos qué dice el Tribunal Constitucional, pero nosotros de ninguna manera hemos querido afectar la propiedad de la gente, es lo que menos ha pasado por nuestra mente”, añadió este jueves en un diálogo con los periodistas de La Paz.
La norma fue aprobada por el gabinete de ministros el 10 de abril. Arce sospecha que las movilizaciones tienen un trasfondo político puesto que se registran un mes después de su vigencia.
Arce comparó las protestas sobre la norma con lo sucedido en 2009 con la “nueva” Constitución Política del Estado. En ese entonces, políticos opositores también alertaron, aunque sin pruebas, que el Gobierno buscaba afectar la propiedad privada.
“Nunca ha pasado por nuestra cabeza la expropiación de viviendas de la población, repito, solamente eso he escuchado de la mente de la derecha en el 2009, y lamentamos que algunos compañeros hayan caído en ese mismo discurso de la derecha”, cuestionó.
Recurso en el TCP
El diputado del ala arcista del MAS Juan José Jauregui, junto con un grupo de colegas, presentó el jueves una acción de inconstitucionalidad abstracta que observa el procedimiento mediante el cual fue aprobado el Decreto Supremo 5143.
Los opositores señalan que el sistema de Derechos Reales no se puede modificar con un decreto, sino con una ley y en ese marco plantearon su debate.
Jauregui informó que se solicitó al TCP una medida cautelar para que se paralicen los efectos jurídicos de este decreto en tanto se resuelva el caso.
“Nunca ha pasado por nuestra cabeza la expropiación de viviendas de la población, repito, solamente eso he escuchado de la mente de la derecha en el 2009, y lamentamos que algunos compañeros hayan caído en ese mismo discurso de la derecha”, cuestionó.
Arce explicó que objetivo de la norma es “ordenar” el registro de Derechos Reales y contar con sistema informático único, y no “34 sistemas que están actuando ahí independientemente”, todo para evitar dobles registros y ventas de casas y terrenos sin que los dueños se enteren.
El mandatario indicó que la norma tiene el fin de que el país cuente con “Derechos Reales fortalecido, automatizado y sistematizado, para que no haya posibilidad de que una casa, un departamento o un terreno tenga tres o cuatro dueños”.
Frente a las protestas que de anunciaron para este viernes, consideró que “al parecer hay intereses a los que les conviene que esto se siga así”.
